El agujero que está generando la plusvalía en el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza desde que el Tribunal Constitucional anulara el sistema de cálculo no deja de crecer. El Consistorio se ha visto obligado a devolver hasta ahora más de 11 millones de euros a los contribuyentes por los recibos que se han girado entre los años 2017 y 2021 y que han generado un roto de 3,4 millones de euros en la partida que computa los ingresos por este polémico tributo. Ante esto, la concejal de Hacienda, María Navarro, urge la aprobación inmediata en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Haciendas Locales que modificará este tributo y que permitirá a los ayuntamientos acceder a compensaciones del Estado que cubran la enorme caída de recaudación que están sufriendo.

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía, afecta a cualquier operación de compraventa de una propiedad inmobiliaria, así como a una donación, una herencia o un usufructo. En teoría, grava el aumento de valor de un suelo, pero la fórmula con la que se calculaba permitió que se siguiera cobrando incluso cuando los precios de la vivienda iban a la baja. Hasta que llegó el Constitucional, que en 2017 decidió que la plusvalía no se puede liquidar si el inmueble ha perdido valor.

Merma de ingresos

Tras aquella sentencia, llegó otra en 2019 que declaró inconstitucional el pago cuando la cuota a abonar superara la ganancia obtenida por el contribuyente. Finalmente, el pasado octubre se anuló el sistema que servía para calcular el tributo y puso en jaque el sistema de financiación local. Para entender lo ocurrido con la plusvalía basta ver la evolución de la recaudación en Zaragoza: tras la revisión catastral de 2013, los ingresos por plusvalía en la ciudad subieron notablemente hasta alcanzar los 75 millones en 2016. A partir de la primera sentencia del Constitucional, empezaron a bajar: 67 millones en 2017; 56 en 2018; 53 en 2019; 31 en 2020 (fue el año de la pandemia); y 35 en 2021. Para este año, la capital ha presupuestado 31,5 millones. Pese a todo, sigue siendo el segundo tributo en recaudación tras el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI).

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Después de las sentencias del Constitucional, el Ministerio de Hacienda modificó la norma para que los ayuntamientos pudieran seguir cobrando este controvertido impuesto. Pero en cualquier caso, se va a producir una merma de ingresos, a la que hay que sumar las devoluciones que los municipios tienen que afrontar o la anulación de los recibos que tenían previsto cobrar.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó en marzo, con el acuerdo de todos los partidos, la presentación de una enmienda para compensar a las entidades locales por el varapalo de la plusvalía. Por un lado, pide que se garantice por ley la cobertura de las pérdidas entre los años 2017 y 2021. Fuentes municipales estimaron que la cifra en todos los municipios españoles podría ascender a 1.600 millones de euros. Por otro, están las cantidades de los años 2022 y siguientes (hasta 2025), que se deben estimar en función de la información que anualmente remita cada administración local.

Además, hay que compensar las mermas de ingresos vinculadas a las reformas normativas. Para su cálculo se tendrá en cuenta la media de los años 2015, 2016 y 2017. La previsión que manejan los ayuntamientos es que la caída de ingresos sea del 30%, unos 800 millones de euros anuales, que se compensarían por la vía de las transferencias del Estado que mensualmente ingresan los municipios. Zaragoza aún no ha hecho una estimación de lo que podría recibir y solo da como dato cierto los 11 millones que se han devuelto o anulado ya.

Ampliación del plazo

De momento, los municipios no pueden acceder a esas compensaciones, dado que la reforma legal, con la disposición adicional redactada por la FEMP, sigue sin aprobarse en el Congreso de los Diputados. Desde que el pasado 29 de diciembre se cumpliera la fecha límite para presentar enmiendas a la ley de la plusvalía, se han producido 20 ampliaciones del plazo, que ahora termina el 15 de junio. El retraso de la norma está empezando a generar inquietud en los ayuntamientos, que ven cómo siguen devolviendo plusvalía con sus propios recursos sin que el Estado tape el agujero. El propio presidente de la FEMP, Abel Caballero, declaró el viernes, que el Gobierno compensará "sí o sí" la pérdida de ingresos. "No hay margen de maniobra. Esa pelea y ese pulso lo vamos a echar a fondo", dijo.

La concejal de Hacienda de Zaragoza transmite un mensaje de calma ante la evolución de la recaudación de este impuesto, que sigue en números rojos a estas alturas del año. "Se nos va a compensar sí o sí. Lo que hemos devuelto es compensable", explica la responsable municipal. "Al final es el ciudadano el que se beneficia y por eso estoy tranquila. La cuestión ahora es cuándo se produce la compensación. ¿Puede generar un problema? Ya veremos. Pero de momento lo vamos llevando", explica Navarro. La edil deja claro además que tras la sentencia del Constitucional Zaragoza fue la primera en fijar un criterio jurídico que después fue seguido por otras ciudades.