El nuevo impuesto de plusvalía diseñado por el Gobierno central para sortear la anulación del método de cálculo habitual por parte del Tribunal Constitucional supondrá una merma de ingresos del 30% en la capital aragonesa. Así lo aseguran al menos las primeras estimaciones que han calculado desde el Ayuntamiento, donde advierten que los 45 millones de euros previstos para el año 2022 se podrían quedar en poco más de 30 millones. Por ello, solicitan al Ejecutivo de Pedro Sánchez un fondo estatal que ayude a los municipios a cuadrar las cuentas.

Los magistrados declararon inconstitucional el pasado 26 de octubre los artículos que determinaban la forma de calcular la cuota del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana, que es como se conoce técnicamente este tributo. En concreto, tumbaron el principio por el cual «siempre existe aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición», ya que dejaba fuera las variaciones del mercado inmobiliario que producían, en especial tras la crisis del ladrillo, una pérdida de tasación.

En estas dos semanas, el Gobierno central ha elaborado una reforma de la plusvalía que este martes se publicó en el BOE y que establece con claridad que las operaciones donde no haya un aumento de valor no estarán sujetas a tributación. Además, entre otras novedades, permite al contribuyente elegir entre dos métodos para calcular su cuota: bien en función de la diferencia entre la compra y la venta, bien mediante unos nuevos coeficientes catastrales.

Según trasladan desde el Consistorio zaragozano, estas nuevas fórmulas repercutirán en las arcas municipales, ya que se prevé que los ingresos del segundo tributo municipal más importante –solo superado por el IBI– se reduzcan en torno a un 30%. Una cuantía «fundamental» para el equilibrio de gastos del presupuesto, por lo que «condicionará» la elaboración de las cuentas del próximo año, que ya negocian PP-Cs y sus socios de Vox.

Reclamaciones

A todo ello hay que añadir las 1.500 reclamaciones presentadas en los últimos dos años que tendrá que atender el Consistorio, en forma de ingresos no percibidos o incluso de devoluciones. En cualquier caso, el Constitucional advirtió de que solo tendrán derecho a ser resarcidos aquellos contribuyentes que ya tuvieran abierto un proceso de resarcimiento, aunque varias asociaciones de consumidores no descartan acudir a Europa para abrir la causa a cualquier ciudadano afectado.

Además, estas dos últimas semanas en las que el impuesto ha estado invalidado por el Tribunal se ha creado un vacío legal por el cual, en principio, cualquier operación ha estado exenta del impuesto de plusvalía.

Desde el equipo de gobierno de Jorge Azcón consideran que estos ingredientes son más que suficientes para reclamar, una vez más, un fondo de compensación estatal que ayude a los ayuntamientos a cuadrar las cuentas. Más si cabe en un contexto de crisis tras la pandemia con otras mermas de ingresos aún latentes, como las del transporte público. «El Ejecutivo central debe buscar una solución, el roto es descomunal», apuntan desde la plaza del Pilar.

En este sentido, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es socialista Abel Caballero, celebró este martes la adecuación de la plusvalía. «No era justo y no respetaba los derechos de los ciudadanos», apuntó. Eso sí, reclamó que la reforma del modelo de financiación local comience parta de los consistorios y avanzó que la FEMP presentará una propuesta al Gobierno.