Tres viviendas unifamiliares que no contaban con cédula de habitabilidad han sido alquiladas durante los últimos meses a temporeros de la fruta en Calatayud. Las casas están situadas en la urbanización Margarita, próximas a la plaza de toros de la localidad. Ante esta situación, el Ayuntamiento inició un expediente, tras la alerta de varios vecinos, que cerró a finales de julio y por el que ordena al propietario de las fincas que se paralice la ocupación de dichos inmuebles. Según ha podido confirmar HERALDO, todavía residen allí varias personas.

El Consistorio ha notificado esta resolución al dueño de las propiedades, una vez que ha finalizado el periodo de alegaciones y en el cual fueron desestimados todos los argumentos. En este documento se ordena la paralización del uso actual, según pudo documentar el Departamento de Urbanismo, por incumplirse las condiciones del Plan General de Ordenación Urbana y también las densidades de ocupación del Código Técnico de la Edificación.

A su vez, se advierte de que los hechos cometidos «podrían tenerla la consideración de infracción urbanística grave». En este sentido, se recuerda que la sanción puede ser una multa de entre 6.000 hasta 60.000 euros, por lo que se procederá a incoar el correspondiente procedimiento sancionador. También se decreta la suspensión total de suministros de luz, agua, gas y telefonía.

De igual forma, el Ayuntamiento de Calatayud tiene previsto comunicar esta resolución al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ante «el estado de insalubridad y ausencia de servicios» que presentan los inmuebles denunciados, ya que «podría implicar el incumplimiento de las medidas preventivas sanitarias de las explotaciones agrícolas», todo ello recogido en la orden del Ejecutivo regional.

"En un par de semanas"

«Había un periodo de alegaciones, se desestimaron y se insta a que desaparezca esta situación», explicó el alcalde, José Manuel Aranda, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno. También puntualizó el regidor que «no se podía proceder al desalojo» de las personas allí alojadas. A su juicio, es un «peligro» que estas viviendas no estén habilitadas para ser ocupadas.

A preguntas de este periódico, el propietario, Ezequiel Lorente, reconoció la titularidad de las viviendas y se limitó a indicar que las personas que quedan saldrán «en un par de semanas» y que el asunto «está en manos de los abogados».