Como a tantas otras personas, al funcionario interino de la DGA David M. R. no se le ocurrió mejor manera de conseguir dinero rápido que recurrir a los créditos exprés. Pero no los pidió a su nombre, como hace todo el mundo, sino que se aprovechó de su puesto de trabajo en el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) para solicitarlos de forma fraudulenta a nombre de otros. 

Así, robó los datos personales de 38 personas, entre ellas 27 alcaldes de otras tantas poblaciones aragonesas.  Haciéndose pasar por ellas, el vecino de Miedes de Aragón logró que cinco entidades crediticias le concedieran hasta 60.000 euros.

El empleado público puso en marcha el fraude en junio de 2017, pero su estrategia estaba tan bien ideada que pasaron casi dos años hasta que lo cazaron. Cuando la Policía Nacional se personó en las oficinas del Inaem para detenerlo, el interino lo confesó todo. Ahora, la estafa acaba de costarle tres años y nueve meses de prisión, a los que habrá de sumar otros cuatro de inhabilitación, amén del correspondiente expediente administrativo.

El juicio tenía que haberse celebrado esta semana en la Audiencia de Zaragoza, que dada la gran cantidad de perjudicados había previsto tres sesiones. Sin embargo, la Fiscalía –que pedía inicialmente seis años de prisión y los mismos de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público– alcanzó un acuerdo con la defensa, a cargo del letrado Ignacio Serrano, y facilitó el trámite a los magistrados de la Sección Tercera. De hecho, todo se despachó en una única sesión.

Confesó desde el principio

A la hora de pactar la condena, el Ministerio Público tuvo muy en cuenta que David M.R. colaboró con la Policía desde el primer momento. El encausado también reconoció los delitos cometidos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, encargado de dirigir las pesquisas. De ahí que ahora se le haya apreciado la atenuante muy cualificada de confesión. El investigado justificó su ilícito proceder alegando que es ludópata, problema que ha quedado acreditado y ha permitido aplicarle otra atenuante.

El acusado no arrastra antecedentes, por lo que podría optar a la suspensión de la condena para no entrar en Zuera (se le condena por un delito de falsedad y otro de estafa y ninguno supera individualmente la pena de dos año), pero la Sección Tercera de la Audiencia Provincial podría condicionar este beneficio penitenciario al abono del dinero estafado.

"Me enteré cuando me anunciaron el embargo. Ha sido una pesadilla"

Las entrañas de la Audiencia de Zaragoza se transfiguraron este jueves en los pasillos de la Diputación Provincial durante un lapso de media hora. Dos docenas de alcaldes y exalcaldes, citados en calidad de testigos, encararon las escaleras del céntrico edificio para cumplir con la llamada de la Justicia. Al final, por suerte para sus agendas, no tuvieron que declarar uno tras otro ante el tribunal. Pero sí se despacharon a gusto a la salida de la sede judicial.

Quien más profundizó en el asunto fue Alejandro Jesús Gil, exalcalde de Alfamén, quien acudió el 10 de enero de 2019 a la Jefatura de Policía para dar constancia de la estafa en la que se estaba viendo afectado. Su denuncia fue la primera de muchas, ya que detrás de él se personaron en comisaría una amplia lista de regidores de distintos partidos.

Para Alejandro, el proceso ha supuesto un trago complicado: "Ha sido una pesadilla. Yo me empiezo a enterar cuando la entidad de crédito en cuestión, Cofidis, llama a mi madre y le dice que me van a embargar por el impago de un crédito. ¿Cómo crees que cae una noticia así? Ha sido, de verdad, una pesadilla en la que distintos cargos públicos nos hemos sentido extorsionados durante el ejercicio de nuestras funciones".

«La DGA no nos ha apoyado»

Otros exregidores, como Fernando Safón, de Iglesuela, o Míchel García, de Daroca, coincidían en la gravedad de que la estafa la haya urdido "un trabajador (interino) del Inaem, que no deja de ser un órgano dependiente del Gobierno de Aragón, precisamente, gracias a la información personal que obtenía en su puesto de trabajo", matizaban los damnificados, que se mostraban críticos con el Ejecutivo aragonés por haberlos "desarropado" durante todo el proceso. "Insisto en que las víctimas somos o éramos alcaldes en el ejercicio de nuestras funciones. Servidores públicos. Y no hemos contado con el apoyo de la DGA en ningún momento del proceso", recalcaba Gil Arnal, quien espera que ahora, una vez se haga pública la sentencia desfavorable al suplantador de identidades, «lo denuncie personalmente por lucrarse haciendo uso de su puesto de funcionario interino de grupo B».

Los afectados confían en que "el expediente disciplinario sea la primera realidad, pero que se haga uso de las herramientas legales necesarias y se apliquen las medidas suficientes para que no vuelva a ocurrir nada similar".