Las obras de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Calatayud siguen acumulando contratiempos desde que empezaron en marzo de 2017. Desde hace más de un mes, en la parcela situada a pie de la avenida Pascual Marquina no hay operarios y los trabajos están paralizados, ya que el Ministerio del Interior, según indicaron fuentes oficiales, tiene abierto un expediente de resolución del contrato que asumió la UTE Joca Ingeniería y Construcciones y Construcciones Peñalosa por "falta de capacidad".

En la actualidad, el proceso de resolución sigue abierto y pendiente de las alegaciones, ya que la segunda de las empresas, la bilbilitana, está dispuesta a asumir lo que queda de la intervención. Según fuentes de Delegación del Gobierno, la ejecución del edificio "está aproximadamente al 50%", aunque no se aventuran a dar un plazo para reanudar las obras y cuándo podrán estar finalizadas.

Sí que reconocen que hace una semana, la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, mantuvo un encuentro con Fernando Grande-Marlaska, responsable de Interior, en el que se habló de la nueva comisaría de la ciudad "como un proyecto prioritario". Así, dependiendo de las alegaciones, los trabajos se pondrán en marcha antes o se verán demorados, si se tienen que volver a adjudicar.

A día de hoy, todavía quedan pendientes remates de la estructura exterior del edificio, así como los accesos. La presentación de esta nueva infraestructura se realizó en marzo de 2015, con presencia del por entonces ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz. En ese momento se manejaba un plazo de ejecución de 14 meses y una inversión de 3,3 millones de euros.

Aunque el anuncio se hizo en marzo de 2015, la convocatoria de licitación se publicó en septiembre, la adjudicación se hizo en diciembre y la firma del contrato se dilató ya hasta febrero de 2016. A finales de ese año se firmó el acta de replanteo y la aprobación del plan de seguridad y el centro de trabajo se acabó abriendo en marzo. Y finalmente la apertura del centro de trabajo fue el 15 de marzo. Sin embargo, durante la preparación del terreno, los responsables de la obra encontraron que en el proyecto inicial no se había calculado correctamente el nivel freático.

Todo ello supuso volver a superar distintos trámites administrativos que llevaron a que las obras comenzaran finalmente a mediados de 2017. En mayo de 2018, y en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Susana Sumelzo, el Ejecutivo central reconocía que la entrada en funcionamiento del nuevo edificio se preveía en el primer cuatrimestre de 2019 si no aparecían "circunstancias sobrevenidas que lo impidan". Algo que ha vuelto a ocurrir con los problemas de "falta de capacidad de la UTE" que en estos momentos se intentan resolver.

En aquella contestación, se llegaba a concretar que en el plazo estimado para la conclusión se incluía "la contratación de los suministros y servicios necesarios". Lo que también incluía amueblar el edifico.

Este nuevo centro contará con más de 2.300 metros cuadrados de superficie repartidos en cuatro plantas, una de ellas subterránea. Las estancias más cercanas a la planta calle albergarán los servicios más usados por el ciudadano –DNI, pasaporte, denuncias– y en los distintos pisos, las oficinas, despachos y salas de reuniones. Bajo suelo, se proyectaron los calabozos, garajes y vestuarios. Tras su entrada en uso, el edificio sustituirá a la actual sede de la Policía Nacional en la calle de la Coral Bilbilitana, que se construyó en 1970 y que ya se ha quedado obsoleta.