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ZEC suspende expropiaciones y licencias en Torre Village tras la sentencia del TSJA

El Gobierno municipal dice que busca evitar que las actuaciones derivadas del fallo del Tribunal afecten a terceros.

Obras en Torre Village
Obras en Torre Village
FRANCISCO JIMENEZ

 El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la suspensión cautelar de las expropiaciones pendientes para la ejecución del centro comercial Torre Village, así como de las licencias aún no otorgadas, después de que el TSJA declarara nulo de pleno derecho el plan especial que dio luz verde al proyecto.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero municipal de Urbanismo y Sosteniblidad, Pablo Muñoz, quien ha justificado la paralización de las expropiaciones porque desaparece la causa de las mismas y ello podría derivar en un perjuicio a terceros, incluido el propio Ayuntamiento.

En concreto, esta expropiación afecta a cuatro fincas privadas, cuyos terrenos eran necesarios para la desviación de una acequia que afecta al área solicitada por la empresa Iberebro para ejecutar el 'outlet'.

Muñoz ha indicado que esta decisión del Gobierno va en la línea de evitar que las actuaciones derivadas de la sentencia del TSJA no afecten a terceros y para no hacer imposible el cumplimiento de la misma.

En cuanto a las licencias que todavía no han sido otorgadas, cuya suspensión se llevará a Comisión y a Pleno, se trata del proyecto y actividad de la manzana número 3, la licencia urbanística de la número 4 y el acondicionamiento de un local para un restaurante, todas ellas con afecciones a terceros, sin comenzar y derivadas de un plan especial anulado.

Por otro lado, ha rechazado la creación de un debate "torticero" por parte de la oposición al asegurar que solo hay dos posibilidades tras la resolución del TSJA: modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que no entre en contradicción con el plan especial de Torre Village o que el Ayuntamiento asuma una responsabilidad patrimonial.

En el primer caso, el consejero ha insistido en que se han acabado las "recalificaciones a la carta", mientras que ve "incierto" que el Consistorio pueda asumir responsabilidades patrimoniales, por lo que ha rechazado que se use este punto como mecanismo de presión.

Ha señalado que la Ley del Suelo no recoge expresamente la responsabilidad patrimonial cuando se anula una norma y que el propio convenio con la empresa Iber Ebro recoge que por la inejecución del mismo por causas no imputables a las partes no procede la responsabilidad patrimonial.

Sobre la continuidad de las obras a pesar de la sentencia, ha declarado que la empresa las sigue "bajo su propia responsabilidad" y ha recordado que las naves finalizadas son "naves sin uso" y que solo actuarán en aquellos hechos relacionados con lo prohibido por el TSJA.

Por último, en relación a la presentación o no de un recurso de casación al Tribunal Supremo, que el propio alcalde anunció que se decidiría en Pleno, el Gobierno de la ciudad planteará no recurrir, al entender que la efectividad es "muy improbable". 

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