El Tribunal Supremo dictó el pasado 20 de noviembre una sentencia de enorme repercusión social, ya que dictamina que el padre o la madre que tenga la custodia de sus hijos perderá el derecho a disfrutar de la vivienda familiar cuando conviva en ella con otra pareja estable. Todo apunta a que, como en el resto de España, esta nueva jurisprudencia provocará un repunte inmediato de las demandas de modificación de medidas en Aragón. Sin embargo, parece que aquí los jueces ya se estaban mostrando más sensibles con esta problemática y existen al menos dos recientes sentencias que obligan a sendas divorciadas a dejar el domicilio familiar al quedar demostrado que ahora conviven con nuevas parejas.

Ninguno de los dos fallos es todavía firme, puesto que las afectadas los han recurrido ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. Pero los magistrados de la Sección II se reunieron precisamente este martes, 27 de noviembre, para resolver uno de los casos (para el otro todavía no hay fecha de deliberación). Por lo tanto, será en cuestión de días cuando se conozca su decisión. Y, teniendo en cuenta el posicionamiento de Tribunal Supremo, parece bastante improbable que el recurso prospere.

La sentencia sobre la que ahora habrá de pronunciarse la Audiencia Provincial la dictó el Juzgado de Primera Instancia número 16 de la capital aragonesa el pasado 25 de mayo. A través de ella, su magistrada titular recordaba que un matrimonio zaragozano había pactado en su acuerdo de divorcio que fuera la mujer la que continuara viviendo en el domicilio familiar con las dos hijas. Sin embargo, pasado un tiempo, gracias a un detective, el exmarido pudo probar que en su antigua casa estaba conviviendo también el nuevo compañero sentimental de su exmujer.

Reconoció la relación

La exesposa reconoció la relación pero negó que este hombre estuviera viviendo de forma permanente con ella. Es más, él aportó también un certificado para demostrar que tenía su propia casa, en la que estaba empadronado. Pese a todo, tras valorar todas las pruebas, y tal como mantenía el abogado Simón Lahoz en representación del demandante, la magistrada dio la razón al demandante.

“A la vista de los datos expuestos, debe concluirse que pese a las manifestaciones de la demandada, no se está en presencia de una mera relación de pareja sin mas, sino que esta es análoga a la marital, dotada de permanencia e intensidad, prolongada en el tiempo y con convivencia permanente”, señala la juez en su escrito. Para esta, las pruebas -no solo las fotografías del detective, sino también las facturas de luz y agua- evidencian que la demandada y su nuevo compañero viven juntos en la casa de la primera. Algo, apunta la magistrada, que perjudica al exmarido, ya que sufraga los gastos de una vivienda de la que no se puede beneficiar, cuando sí lo hace otra persona sin que le cueste nada.

Por todo ello, la sentencia suspendía el derecho de la exesposa a hacer uso de la vivienda y le daba de plazo hasta el pasado 1 de septiembre para abandonarla. Sin embargo, al recurrir el fallo, esta sigue todavía ocupando el domicilio, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el caso.

Aragón tiene leyes más concretas

La abogada zaragozana y doctora en Derecho de Familia Cristina Chárlez admite que la nueva jurisprudencia del Supremo hará que algunos aragoneses se planteen la revisión de sus sentencias de divorcio. Eso sí, la especialista está convencida de que el repunte de casos será aquí muy inferior al del resto de España, ya que el Código Foral Aragonés ya establecía una serie de limitaciones temporales en el uso de la vivienda familiar para los casos de ruptura matrimonial.

“El Código Civil presentaba lagunas que ha tenido que interpretar ahora el Tribunal Supremo. Sin embargo, nuestro Código Foral está más avanzado y en su artículo 81 ya establece una serie de condicionantes que permiten al juez concretar cuánto tiempo puede seguir usando uno de los excónyuges el que fuera domicilio familiar”, apunta.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, “porque cada caso es un mundo en el derecho de familia”, la abogada aplaude el pronunciamiento del Supremo. “Sobre todo -dice-, porque entiendo que la legislación tiene que acompasarse al ritmo de las necesidades de la sociedad. Algo que muchas veces no ocurre”.