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El fraude millonario de Plaza llega a juicio con la confesión de los principales acusados

Los 25 encausados se sientan este lunes en el banquillo, pero todavía no se descarta un nuevo aplazamiento. Además, los pactos cerrados el viernes con la Fiscalía Anticorrupción pueden reducir la vista a un mes.

El principal encausado, Ricardo García Becerril, flanqueado por sus dos abogados.
El principal encausado, Ricardo García Becerril, flanqueado por sus dos abogados.
Guillermo Mestre

Si las dos peticiones de aplazamiento presentadas el pasado viernes in extremis no lo impiden, el tribunal del caso Plaza dará comienzo este lunes al mayor juicio por corrupción celebrado hasta la fecha en Aragón con la mitad del trabajo hecho. Porque tras mes y medio largo de negociaciones, la Fiscalía Anticorrupción y los principales encausados han cerrado un pacto global que supone el reconocimiento de una larga lista de delitos de malversación, cohecho o falsedad.

Pero el acuerdo no impedirá que este lunes se sienten el banquillo de los acusados las 25 personas a las que se atribuye un fraude de 147 millones de euros a las arcas de la Plataforma Logística de Zaragoza. Al frente de todos ellos, su exgerente Ricardo García Becerril, pieza clave de una trama que salpicó a su propia familia, ejecutivos de la UTE Acciona-MLN, técnicos de la obra, empresarios e incluso a algún político. Inicialmente, todos ellos se enfrentaban a penas que sumaban 195 años de cárcel, además de multas millonarias y largas inhabilitaciones. Sin embargo, los acuerdos rubricados en las últimas semanas rebajarán considerablemente las condenas, hasta el punto de que serán muy pocos los que pisen la cárcel de Zuera (y por poco tiempo).

Antes de que el tribunal dicte sentencia, la sociedad pública Plaza ya se ha garantizado la recuperación de al menos 60 millones de euros, los que se comprometió el viernes a abonar Acciona asumiendo su parte de culpa como responsable civil subsidiaria. Para intentar recuperar los 87 que restan hasta 147, la constructora y el Gobierno aragonés han resuelto acudir a un arbitraje.

Para aclarar si efectivamente la UTE Acciona-MLN cobró de más, se designará a tres técnicos especialistas en este tipo de obras que examinarán los contratos y emitirán un veredicto. Su parecer será vinculante y tendrá el valor de una sentencia judicial. Además, será un procedimiento relativamente rápido, puesto que tendrá que estar resuelto en un plazo máximo de un año.

El informe pericial que presentó la DGA para intentar probar que se cobraron obras fantasma o se hincharon facturas fue contestado por otro aportado por Acciona, en el que se niega cualquier irregularidad. De ahí que se haya decidido ahora que sean tres especialistas neutrales quienes se pronuncien.

El juicio no durará hasta marzo

La Audiencia Provincial había previsto que el macrojuicio se prolongará hasta marzo de 2019, pero la confesión de muchos de los delitos por parte de los principales encausados acortará sensiblemente los plazos. ¿Por qué? Porque los interrogatorios serán mucho más cortos y se renunciará, previsiblemente, a muchos testigos. De hecho, la vista podría quedar vista para sentencia en apenas un mes.

Además de a Ricardo García Becerril, la Fiscalía Anticorrupción ha señalado siempre a José María Jordán –uno de los gerentes de la UTE Acciona-MLN– como uno de los cerebros de la trama. De ahí su empeño en que este acabara entrando en prisión, lo que parece que hará. Porque aunque se enfrentaba a una petición inicial de 10 años y 9 meses de cárcel y esta se verá reducida notablemente, la acusación pública no se ha conformado con el dinero de Acciona y ha exigido el encarcelamiento de su cara visible.

Habrá que esperar en cualquier caso a que el juicio comience para escuchar a los encausados y comprobar hasta qué punto están dispuestos a reconocer su culpa y señalar al resto.

Posible condena tras 4 absoluciones y 4 archivos

Las conformidades pactadas se traducirán, de no surgir sorpresas, en la primera condena por corrupción en torno a la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Porque la llegada de Luisa Fernanda Rudi al Gobierno de Aragón supuso la apertura de hasta diez investigaciones judiciales –nueve penales y una civil–, pero de ellas ocho han acabado ya sobreseídas o en absolución y una novena, que sigue atascada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, podría terminar también archivada pronto.

La batalla judicial contra el proyecto estrella de Marcelino Iglesias al frente de la DGA comenzó en 2012, cuando se denunció al gerente de Plaza Ricardo García Becerril por un supuesto sobreprecio de 7 millones en la adquisición de dos edificios a Codesport, constructora de Agapito Iglesias. La denuncia fue archivada, como también lo fueron después los casos Caladero (presunto desfase de 3 millones); Apartadero (supuesto desfase de 15,5 millones); y Cuadros (presunto sobreprecio de 13,6 millones).

A juicio llegaron otros dos proyectos ejecutados por Agapito Iglesias, que terminó siendo absuelto al no poder probarse las irregularidades y sobrecostes por los que se le acusaba. Más sonados aún fueron los juicios de los casos Naves y Kartódromo, que llevaron al banquillo al exdueño del Real Zaragoza (solo por el primero), Ricardo García Becerril y Carlos Esco. La Audiencia Provincial condenó a los tres a cuatro años de prisión por el caso Naves, pero el Supremo los absolvió después. El Jurado absolvió también a los dos últimos en el otro procedimiento.

Agapito Iglesias y Carlos Esco, al margen del pacto

La Fiscalía Anticorrupción dejó claro desde el principio que su puerta estaba abierta, invitando a las 25 defensas a una posible negociación. Es más, llegó a citar a los abogados de algunos de los principales encausados en un hotel de Zaragoza para iniciar unos contactos que más tarde se trasladaron a Madrid.Sin embargo, ha habido cuatro acusados que en ningún momento han recogido el guante lanzado por los fiscales José Grinda y José de la Rosa. Se trata del exviceconsejero de Obras Públicas del PSOE Carlos Esco y los empresarios Agapito Iglesias (Codesport), Manuel Colonques (Maguitel) y Miguel Ángel Floria (Grupo Floria).

Iglesias y Esco ya fueron absueltos por el Supremo en el juicio del caso Naves. Ahora se enfrentan a cinco años y nueve meses y siete años y medio de prisión, respectivamente

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