"Somos muy conscientes de lo que está en juego", dice Bellido sobre el conflicto catalán

El conflicto catalán y la respuesta del Estado de Derecho a las dificultades que plantea centraron ayer el discurso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, durante el solemne acto de apertura del año judicial. Para el magistrado, es "innegable" que el momento político y social es "particularmente difícil", aunque subrayó que un Poder Judicial "único, fuerte e independiente" es la "mejor garantía" de la libertad e igualdad de los españoles. "Frente a estos ataques a la Constitución y a las leyes los jueces tenemos clara cuál es nuestra función", subrayó.

La situación de Cataluña también fue mencionada por el fiscal superior de Aragón, José María Rivera, el cual, tras enumerar los beneficios de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, al cumplirse ya diez años de la misma, mostró su apoyo a la labor de sus colegas en esa Comunidad Autónoma en defensa del Estado de Derecho y la legalidad.

En su intervención, Manuel Bellido aprovechó para mostrar su "respeto y apoyo" a los jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y fuerzas del orden que, pese a sufrir "presiones inadmisibles" en un Estado de Derecho, están defendiendo en Cataluña la Constitución, el "ordenamiento jurídico y los derechos de los ciudadanos". Estas palabras levantaron los aplausos de un auditorio -quizás algo menos concurrido que otros años-, entre el que se encontraban la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, el delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente o el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Guillén, entre otros.

El máximo representante del Poder Judicial en Aragón recordó que en estos momentos, partiendo de una "visión tergiversada de la democracia" hay quienes "pretenden vulnerar" la Constitución "basándose en la legitimidad que les otorga representar a la mayoría de un parlamento". Pero, citando al Tribunal Constitucional, subrayó que no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda, ya que la primera consiste fundamentalmente en su conformidad a la Constitución.

Dijo que ante las afirmaciones de quienes mantienen que los deseos de la ciudadanía prevalecen sobre la ley dijo: "Con rotundidad y sin complejos esta afirmación debe ser rechazada, porque la democracia y el principio de legalidad son inseparables", señaló.

Un año con 39.412 sentencias

Manuel Bellido dedicó parte de su discurso a detallar el trabajo de los tribunales aragoneses durante 2016 y la necesidad de contar con los medios materiales y juzgados precisos para el volumen de asuntos que entran. En cuanto a los datos, explicó que el año pasado los jueces dictaron 39.412 sentencias, se ingresaron 143.227 asuntos y se resolvieron 145.989. Quedaron pendientes 39.412, un número que consideró todavía elevado.

Reivindicó el incremento del número de juzgados y dijo que la ampliación de la planta judicial debe hacerse creando nuevos órganos y no transformando uno ya existente de otro orden jurisdiccional, en alusión a la pretensión –ya descartada por la DGA– de transformar el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza en el 23 de Primera Instancia.

Tras recordar que Aragón cuenta con una de las ratios de jueces por habitante más bajas de Europa, hizo mención a un estudio elaborado en 2016 a instancia del Banco de España que revela que la mejora en la eficacia judicial redunda en el crecimiento de las empresas, beneficia a los mercados y fortalece el sector del alquiler inmobiliario. "Estos datos ponen de manifiesto que los recursos empleados en mejorar la administración de justicia, además de favorecer la convivencia y la paz social, rinden beneficios en términos económicos", dijo.

Bellido aplaudió la implantación del expediente electrónico como medio para el progreso de la Administración de Justicia y agradeció al Gobierno de Aragón la decisión de cambiar el sistema Minerva del Ministerio de Justicia y adoptar el Avantius, desarrollado en Navarra e implantado también en Cantabria y Andorra. Pidió, eso sí, que se cuente con los profesionales, se consoliden los avances antes de adoptar los siguientes y se procure una formación adecuada y una asistencia técnica permanente.

El presidente del TSJA alabó la tarea de todos sus compañeros y agradeció su esfuerzo, a pesar de la merma de retribuciones y derechos estatutarios que han sufrido en los últimos años, y el notable incremento de las cargas de trabajo. Reclamó la necesidad de que la sociedad "mire a sus jueces" y ofrezca respuesta a sus necesidades, como una forma también de asegurar la independencia judicial. Explicó que dentro de la protección social que precisan, se incluyen aspectos tan relevantes como la independencia económica, igualdad de mujeres y hombres, protección frente al acoso, derecho al descanso, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, protección de la salud y prevención de riesgos laborales.