El interventor dice que el concurso del 010 está en situación "irregular" y que se debe adjudicar o retirar

El concurso público para que una empresa gestione el servicio de atención telefónica municipal 010 está en una situación "claramente irregular" que debe desbloquearse: o siguiendo con la contratación hasta adjudicarlo o renunciando a él. Estas son las dos principales conclusiones a las que han llegado el secretario general y el interventor del Ayuntamiento en un informe conjunto que han elaborado a petición de los grupos municipales de PP, PSOE y Ciudadanos. Cuando llegó al poder, el gobierno de ZEC dejó en el limbo el procedimiento, que se abrió durante el mandato socialista. A pesar de que ya habían llegado las ofertas de las empresas, los comunes frenaron el concurso por sus planes para remunicipalizar el servicio.

El rescate del 010 para que el servicio pasara a ser gestionado directamente por el Ayuntamiento acabó en los tribunales, que suspendieron la medida de forma cautelar hasta que haya una sentencia definitiva. En el auto judicial se determina que la empresa Pyrenalia, que gestiona el servicio, siga haciéndolo hasta que haya una solución. Ante esta circunstancia, el concurso público para que sea una empresa la que gestione el servicio queda en una situación de mayor indefinición, a la espera de una sentencia que tardará meses en llegar –o años si se decide recurrir–.

En su informe, el secretario y el interventor apuntan que el concurso público abierto por el Ayuntamiento "se encuentra, actualmente, en una situación claramente irregular desde el punto de vista administrativo, al no haberse adoptado ningún acuerdo en relación con el mismo". Además, recalca que para retirar el concurso y dejarlo sin efecto hay que tramitar un nuevo expediente administrativo "en el que se justifiquen las razones de interés público que sirven de base para tal decisión".

Sobre los efectos del fallo judicial en el procedimiento, el secretario y el interventor señalan que es la asesoría jurídica quien debe emitir los informes pertinentes, pero también se pronuncian de forma clara: "Debe continuarse con el procedimiento de contratación y resolverse este o bien debe renunciarse al mismo". A su juicio, el auto de suspensión paraliza el acuerdo de internalización del 010, pero no la convocatoria del concurso, "por lo que este procedimiento sigue vivo".

Además, el informe señala que en caso de renunciar a la licitación hay que comunicarlo a las empresas y que, igualmente, "es preciso compensar a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido".

Críticas de la oposición

La oposición fue contundente ayer al pedir a ZEC que tome una decisión con el concurso público. El portavoz del PP, Jorge Azcón, destacó que el interventor y el secretario, "los dos altos funcionarios que velan por la legalidad y el cumplimiento de la ley", le están diciendo al gobierno que "lo único que no puede hacer es lo que está haciendo, que es no hacer nada". "Esto supondría seguir en la ilegalidad", dijo Azcón.

La concejala socialista, Marta Aparicio, recordó que la resolución del concurso "lleva dos años de retraso sin justificación", apuntó que "la inseguridad jurídica cada vez es mayor en el Ayuntamiento" y que el informe demuestra que "no se puede actuar al margen de la norma".

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, pidió "que se licite o se renuncie conforme a la normativa vigente". "Si no toma una decisión y mantiene el servicio en precario, será Cubero tan cómplice de la precariedad de las trabajadoras como Pyrenalia, la empresa que lo presta". Por su parte, Carmelo Asensio, portavoz de CHA, insistió en que el gobierno "puede y debe" apostar por la municipalización –pese a la situación judicial–, eso sí, "siempre con un acuerdo plenario".

Por parte del gobierno, el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, dijo que la materia del informe "no es competencia del interventor" y, como ya hiciera con el anterior pronunciamiento de este funcionario sobre el 010, dijo que había hecho "un informe de parte", al ser solicitado por PP, PSOE y Ciudadanos –a quienes definió como "el tripartito de siempre"–. Cubero reconoció que "lo lógico sería tomar una decisión de reactivar o renunciar al concurso", pero al estar judicializado, "hay que esperar a la sentencia". "El gobierno tomará la decisión cuando considere el gobierno, no la oposición; y con el asesoramiento de la asesoría jurídica, que es la competente en la materia", sentenció.