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Zaragoza

Los juzgados anulan la decisión de ZEC de cambiar de nombre al Pabellón Príncipe Felipe

El fallo supone un nuevo varapalo judicial, tras el archivo la semana pasada del caso Ecociudad. La jueza dice que debería haber sido un acuerdo del pleno y no del gobierno de forma unilateral.

El rótulo principal del Príncipe Felipe permanece borrado, pero las señales se mantienen.
El rótulo principal del Príncipe Felipe permanece borrado, pero las señales se mantienen.
Oliver Duch

Nuevo varapalo judicial al gobierno de ZEC. Si la semana pasada los juzgados archivaron el llamado caso Ecociudad, que impulsó en persona el alcalde, Pedro Santisteve, ayer anularon una de las decisiones más polémicas que ha tomado el nuevo gobierno municipal desde que llegó al poder: la de cambiar el nombre al Pabellón Príncipe Felipe por el de José Luis Abós. La jueza del Contencioso-Administrativo número 4 ha estimado el recurso presentado por el PP y ha declarado "nulo de pleno derecho" el acuerdo de gobierno con el que se cambió la denominación de esta instalación deportiva. ZEC ya anticipó ayer que presentará recurso ante el TSJA, por lo que el asunto seguirá coleando en los tribunales.

Hace justo un año (en concreto el 17 de septiembre de 2015), el Gobierno decidió cambiar el nombre del pabellón, bajo el pretexto de honrar la memoria de José Luis Abós, el fallecido entrenador del CAI. Sin embargo, la oposición achacó la decisión a motivos antimonárquicos, en un momento de gestos en esa misma dirección de los llamados 'ayuntamientos del cambio', como la retirada del busto del rey Juan Carlos del Ayuntamiento de Barcelona. Además, la decisión la tomó el gobierno de ZEC (9 de 31 concejales) de forma unilateral, y después de que la mayoría del pleno se hubiera pronunciado explícitamente en contra de la medida.

Este era uno de los aspectos en los que se basa el recurso judicial del PP, y que la jueza acepta como argumento para anular el cambio de nombre. En la sentencia, se recuerda que la decisión de poner el nombre del Príncipe Felipe al principal pabellón de la ciudad fue tomada de forma unánime por el pleno el 5 de mayo de 1986, y concluye que "la revocación debe ser acordada por el mismo órgano que la otorgó, en este caso, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza".

Apenas dos semanas después de adoptar el acuerdo del cambio de nombre de forma unilateral, el gobierno de ZEC ordenó el repintado de la fachada del pabellón. Fue entonces cuando el PP se decidió a presentar el recurso, pidiendo medidas cautelarísimas para evitar que desapareciera el nombre de la instalación municipal. La jueza estimó estas medidas provisionales, y las comunicó al Ayuntamiento de Zaragoza a las 15.00 del 1 de octubre del año pasado. Sin embargo, una hora después una empresa de limpieza comenzaba a pintar de blanco el rótulo principal de la fachada, que desde entonces permanece tapado. El equipo de gobierno municipal achacó a "problemas con el fax" el retraso en la orden de detener los trabajos. Días después, el Ayuntamiento pidió a la jueza poder continuar con el pintado de la fachada, pero esta decidió mantener las medidas cautelares. Y así ha continuado hasta que ayer mismo se notificara la sentencia, que ZEC anunció que recurrirá –a diferencia, por ejemplo, de la reciente sentencia que anuló la adjudicación a Auzsa del concurso del autobús urbano–.

En un comunicado, el gobierno dijo que "no puede estar de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4", ya que a su juicio la normativa atribuye el poder de una decisión al alcalde que, en este caso, delega en el gobierno municipal.

Otro pronunciamiento contrario

La sentencia llega una semana después de que un juzgado de instrucción haya archivado el ‘caso Ecociudad’, al no apreciar indicios de delito en la documentación que el alcalde llevó a la Fiscalía, y con la que pretendía demostrar que se había falsificado un acta para justificar la ausencia de unas obras en la depuradora de La Almozara.

Además, ZEC decidió prescindir del anterior jefe de la asesoría jurídica, Luis García-Mercadal, por estar investigado en la querella del sindicato Somos al gobierno socialista por el pago de los despidos de Auzsa, asunto que también quedó archivado.

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