El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, anunció ayer en el pleno municipal que la tramitación del expediente de derribo de la parte no protegida de la factoría Averly estará terminada "en 20 o 22 días", y que entonces lo llevará a la Gerencia de Urbanismo para su votación. No obstante, añadió que previamente va a plantear "una solución política y jurídica para salvar Averly". Dijo que su idea permitirá conservar la vieja fundición, sin coste para el Ayuntamiento y sin perjuicio para la propiedad del inmueble, la constructora Brial.

El concejal de Urbanismo no desveló en qué consiste su ‘fórmula mágica’, pero confió en lograr "un apoyo mayoritario del pleno". En caso contrario, admitió, "se concederá la licencia de derribo". La posible solución deberá evitar que Brial ejerza el derecho que tiene de levantar casi 200 pisos en el 68% de la superficie de Averly, una factoría por la que hizo un desembolso multimillonario. En su día, ZEC estuvo negociando con la empresa para intentar que aceptara una permuta de suelos, pero la oferta del Gobierno municipal no convenció a la constructora.

El anuncio llegó a raíz de una moción de urgencia presentada por el PP tras conocerse el pasado miércoles que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) rechazaba las medidas cautelares sobre el derribo que pidió el Gobierno de ZEC. Al hilo de esta novedad judicial, los populares solicitaban en su texto que se desbloquearan todos los proyectos de inversión pendientes en la ciudad. La moción no llegó a votarse, tras una reclamación de CHA al PP, al que acusó de no habérsela facilitado, algo que los populares negaron. Tras una reclamación de los nacionalistas y un importante revuelo con el alcalde y el secretario del Ayuntamiento de por medio, los populares acabaron retirando la iniciativa.

Antes de que quedara en papel mojado, todos los grupos municipales –salvo CHA, que no intervino en señal de protesta–, pidieron explicaciones a ZEC sobre qué va a hacer con la licencia de derribo. El concejal del PP Pedro Navarro fue crítico con Santisteve, tras el varapalo que dio el TSJA a la petición de medidas cautelares que hizo su Gobierno: "A mí se me caería la cara de vergüenza, en vez de defender los intereses del Ayuntamiento ha defendido los del demandante". "Señor Santisteve, usted es abogado y ha cometido una torpeza procesal en toda regla, y lo sabe", concluyó. Lola Ranera (PSOE) dijo que si ZEC quiere salvar Averly puede "catalogarlo y pagar lo que haga falta", aunque explicó que su grupo defiende que la operación "no debe costar nada al Ayuntamiento". Alberto Casañal (Ciudadanos) exigió a Muñoz que diga "abiertamente" cómo piensa actuar.