Un jurado popular delibera sobre el descuartizamiento de Vanessa Barrado en Cadrete

Piden 24 años y tres meses de cárcel, además de 100.000 euros en indemnizaciones.

Juicio por el crimen de Cadrete.
Juicio por el crimen de Cadrete, imagen de archivo.
Oliver Duch

Un jurado popular delibera este lunes sobre el descuartizamiento y asesinato de Vanessa Barrado, por el que se pide 24 años y tres meses de cárcel para Cristóbal Morales, su pareja sentimental y presunto autor de los hechos, y más de siete para sus tres hermanos por encubrimiento, entre otros delitos.


Las acusaciones y las defensas de los procesados presentaron el pasado jueves sus argumentaciones finales tras cinco jornadas de vista en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde han declarado 42 personas entre testigos, policías y peritos sobre unos hechos que ocurrieron el 29 de junio de 2012 en Cadrete (Zaragoza).


Un piso de unos 70 metros cuadrados, la "casa de los horrores", la han calificado las acusaciones, en el que vivían Cristóbal y Vanessa, padres de una hija de dos años y medio, fue el lugar donde se produjo el asesinato y el descuartizamiento de la mujer tras una fuerte discusión y después de anunciarle que le iba a dejar.


Según el fiscal, Cristóbal Morales, para el que pide 20 años de prisión por asesinato, 3 por estafa y 15 meses por hurto, además de 100.000 euros en indemnizaciones, degolló a Vanessa con un cuchillo de cocina tras propinarle un fuerte golpe en la cabeza que le dejó sin capacidad de reaccionar.


Posteriormente, la descuartizó con una sierra de mano y pidió unos días después a su hermano Miguel Ángel que le ayudara a sacar en unas bolsas de basura negras los restos de la mujer hasta una chopera, ubicada a unos cien metros de la casa, donde fueron enterrados y descubiertos seis meses después por un agricultor.


Para los tres hermanos las acusaciones piden siete años y tres meses de cárcel por encubrimiento, receptación, estafa y hurto, ya que vendieron joyas de Vanessa, que entonces tenía 27 años, y se hicieron con la pensión de 357 euros que percibía por una enfermedad mental, para lo que llegaron incluso a disfrazarse.


Las acusaciones han sostenido que hubo una cooperación necesaria de los hermanos, quienes, según el fiscal, ayudaron a Cristóbal para impedir que se conocieran los hechos, que no denunciaron y entorpecer la investigación policial.

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