El TSJA rechaza el recurso del Ayuntamiento y le obliga a prohibir las bicis por las aceras

Las bicicletas son para las calzadas. Esta frase podría ser la síntesis del periplo judicial que ha atravesado la ordenanza ciclista del Ayuntamiento de Zaragoza, que se ha prolongado durante cinco años. La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) desestimó el último recurso del Consistorio y le obligó a cumplir la sentencia que este mismo tribunal dictó en 2012. Con ella, no eliminaba la ordenanza de la bicicleta, pero sí cuatro de sus artículos y apartados de otros cinco.

En concreto, los tribunales tumban las excepciones que hace el reglamento sobre la circulación de bicicletas por las aceras. La ordenanza municipal permite transitar por estos espacios peatonales "en las calles en las que no exista vía ciclista -carril bici o similares-, únicamente cuando la intensidad del tráfico en la calzada disuada de la utilización de la misma" y siempre que la acera tenga "al menos cuatro metros de anchura". En la práctica, se calcula que hay unas 40 calles en Zaragoza que cumplen con estos requisitos, por las que el TSJA dice ahora que no se puede ir en bicicleta.

Otro artículo que se eliminará será el que permite la circulación por los "parques públicos, paseos centrales y resto de zonas peatonales". Por lo tanto, y en la práctica, las bicicletas quedarán vetadas de cualquier espacio ‘puramente’ peatonal: aceras, bulevares, parques, calles peatonales, etc. Otra cosa es que luego, realmente, la prohibición se haga efectiva y se sancionen a los ciclistas que se saltan la norma. De hecho, actualmente se incumple la ordenanza a diario -muchas bicicletas circulan por aceras estrechas, algo que no está permitido- y quedan sin sanción.

Fuentes del área de Servicios Públicos asumieron ayer que el Consistorio acatará la sentencia, y que tendrá que prohibir la circulación de las bicicletas por las aceras. Sin embargo, los servicios jurídicos municipales están estudiando cómo se hará efectiva la modificación de la ordenanza. El Ayuntamiento tendrá que publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia, pero está por ver qué plazos legales tiene para hacerlo y si el cambio normativo tiene o no que pasar por el pleno municipal.  

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