La exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, no está de acuerdo con ninguna de las acusaciones formuladas contra ella por la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón, el Ayuntamiento de La Muela y la Asociación por la Democracia en Aragón y alega que no ha cometido delito alguno. Por ese motivo, afirma que lo que procede en este caso es su absolución y no las condenas de entre 37 y 69 años de cárcel que están pidiendo para ella las mencionadas acusaciones. 

Así se recoge en el escrito de defensa presentado por su letrado José Antonio Visús, en el que también propone que se aporten a la causa 186 pruebas documentales de distinta índole y que testifiquen en la vista oral cerca de 180 testigos, buena parte de ellos políticos y altos cargos del Gobierno de Aragón en el momento en que se produjeron los hechos. 

Dado que el grueso de las acusaciones que se hacen a María Victoria Pinilla tienen que ver con su gestión urbanística en la localidad de La Muela, así como con subvenciones recibidas del Instituto Aragonés del Agua, el abogado llama a todos los responsables de Urbanismo de la Comunidad Autónoma en la época que Pinilla estaba al mando del Ayuntamiento y cometió los presuntos desmanes de los que se le acusa. Además, cita a altos cargos de Obras Públicas y Medio Ambiente, entre otros departamentos. El objetivo es que expliquen cómo funcionaba en aquella época las áreas que tenían bajo su responsabilidad. 

Entre los testigos propuestos, destacan por su relevancia el expresidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y el exvipresidente –y actual presidente de las Cortes–, José Ángel Biel. En la lista figuran varios consejeros de aquel ejecutivo PSOE-PAR como Javier Velasco, Alfonso Vicente o Arturo Aliaga, así como el viceconsejero Carlos Esco. Igualmente, propone que declare el propietario de Codesport,Agapito Iglesias. 

La lista se amplía con Alfredo Boné, actual portavoz del PAR en las Cortes; Nuria Mas y Julio Tejedor –ex directores generales de Urbanismo–, o Martín Llanas, llamado como exvocal de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT), así como un nutrido grupo de asesores técnicos de esta. 

En este último caso, es muy probable que los abogados de otros de los 41 acusados en la causa citen también a estos técnicos pues entre los imputados figura el ex subdirector provincial de Urbanismo, Carlos Martín Rafecas, cuya actuación fue relevante para aprobar la sexta fase de la urbanización del polígono de Centrovía, una de las actuaciones investigadas en la Operación Molinos. Su letrado, Jesús García Huici, también pide la absolución para él ya que entiende que no cometió delito alguno. La Fiscalía pide seis meses de prisión para Rafecas. La causa, a la Audiencia

No obstante, ahora será la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, encargada de celebrar la vista oral contra los 41 imputados en la causa, la que tras examinar todas las peticiones decida si admite o no las pruebas propuestas tanto por el abogado de la exalcaldesa y como por el resto de los letrados. 

La Fiscalía pide para Pinilla 37 años de cárcel. El Ayuntamiento de La Muela, como acusación particular, eleva la pena a 69 años. Para el resto de los acusados solicitan condenas de entre dos y 26 años de cárcel, y penas de multas e inhabilitación. Las fianzas reclamadas a los encausados, muchos, con los bienes embargados, son cuantiosas. Encabeza la lista por orden de importancia Pinilla, a quien se le exigieron 66,2 millones de euros (50,3 en concepto de multas y 15,9 de responsabilidad civil). Le siguen su exmarido, Juan Antonio Embarba, Julián de Miguel, el gerente de Aranade, y Carmelo Aured, en prisión por dos delitos fiscales. A cada uno de estos se les pidió 43 millones de euros.