CHA pedirá en el pleno que se cubran las plazas sin asignar de la Casa Amparo

El grupo municipal de CHA presentará en este próximo pleno una moción para que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de Aragón a cumplir el convenio suscrito entre ambas Administraciones con el fin de cubrir las plazas residenciales concertadas en la Casa de Amparo, actualmente sin cubrir.

Asimismo, CHA también solicitará que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechace las medidas del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón con las que se está eliminando el sistema público de atención a la dependencia.  "Resulta increíble que con la gran lista de espera, nada menos que más de 8.000 personas, según el IASS, para poder entrar a una plaza concertada en una residencia tengamos en Zaragoza 58 plazas de estas características sin asignar", ha asegurado el concejal del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio.

La moción también pedirá que al Gobierno de la Ciudad que defienda el mantenimiento de la Casa de Amparo y todos los servicios que presta, dentro del ámbito de gestión municipal, un servicio modelo en este ámbito.

Desde que se formó el Gobierno PP-PAR, Zaragoza ha reducido en un 25% las personas atendidas por la ley de la Dependencia y hay 6.256 beneficiarios menos en tan solo dos años, pasando de contar con 24.981 personas dependientes atendidas en 2011 a 18.725 en noviembre de 2013, según ha indicado Asensio en un comunicado.

A esto se suman los 8.342 dependientes reconocidos y pendientes de recibir la prestación correspondiente, así como el recorte aplicado por el Gobierno de Aragón en prestaciones económicas y plazas residenciales concertadas. En materia de empleo y según las fuentes del Ministerio de Sanidad, Aragón ha pasado de 3.660 cuidadores familiares en 2012 a 613 en 2013, lo que supone un 83 por ciento, la mayor parte empleo femenino con más de 2.800 cuidadoras afectadas.

En la ciudad de Zaragoza la situación "no es mejor, a pesar de las abrumadoras necesidades existentes, la actitud del Gobierno de Aragón es reducir a la mínima expresión la ley de dependencia y los cuidados a las personas, como está pasando con estas 58 plazas concertadas en la Casa de Amparo", ha criticado Asensio.

32 plazas de 90

Al respecto, ha apuntado que de las 90 plazas dependientes de dicho Departamento sólo ocupa y paga 32 de ellas, contribuyendo a que sean las familias las que tengan que hacer frente a situaciones muy complicadas en lugar de poder acceder a un espacio que supone uno de los máximos exponentes de las políticas sociales municipales.

"Para colmo y a partir de la entrada en vigor de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local el pasado 31 de diciembre, se eliminan de las competencias municipales los servicios sociales, estableciendo de manera muy poco clara el régimen aplicable y dejando al criterio del Gobierno del Luisa Fernanda Rudi el futuro de una materia en la que están demostrando muy poca sensibilidad social", ha lamentado Asensio.

La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15 por ciento ha afectado a 450.000 personas que verán reducidas las exiguas prestaciones que reciben (alrededor de 400 euros) en unos 55 euros al mes, ha calculado el concejal de CHA.

A esto se le añade la "desfachatez" del Gobierno central que incluso ha cuestionado el papel de los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de "fraude" en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados en todo el Estado y perjudicando de manera evidente su calidad de vida. CIFRAS

En cifras globales se reduce el nivel mínimo de dependencia en más de un 13 por ciento, ha estimado. A los 283 millones recortados se deben sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores (en su mayoría mujeres) que se dejarán de abonar.

En materia de empleo, según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2012 había 179.829 cuidadores familiares frente a los 18.191 registrados en 2013, es decir 161.628 puestos de trabajo menos, un 90 por ciento de reducción.

La ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) supuso el mayor avance en materia de protección social en los últimos años, generando derechos subjetivos y reconociendo en todo el Estado a más de un millón de personas en situación de dependencia, de las que 740.000 son beneficiarias de una prestación o servicio.

Pasados siete años desde la aprobación de dicha Ley y cuando el Sistema de Atención a la Dependencia debería haber alcanzado su máximo desarrollo, pero el Gobierno de España "está imponiendo duros ajustes a golpe de Real Decreto, que hacen peligrar la existencia del mismo, recortando las prestaciones a las personas dependientes, reduciendo la cuantía y el número de beneficiarios, generando inseguridad en la ciudadanía y en las Instituciones y destruyendo miles de puestos de trabajo en el sector, contribuyendo a la continuación de la crisis", ha alertado Asensio.