Los directivos de Acciona continúan imputados tras declarar ante el juez

El juez que instruye una presunta trama de malversación de 50 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) ha decidido poner en libertad a los dos directivos de la constructora Acciona tras oir sus declaraciones aunque los mantiene como imputados en la causa.

El fiscal Anticorrupción había solicitado para uno de los imputados, José María Jordán, prisión sin fianza por su supuesta responsabilidad en los hechos, y prisión eludible bajo el pago de una fianza de 80.000 euros para Miguel Ángel Bretón.

El instructor ha imputado delitos de malversación, falsedad documental continuada y blanqueo de capitales a los dos directivos de Acciona, a los que ha añadido el de cohecho para Jordán. En el auto de libertad provisional, el juez ha acordado para ambos imputados la obligación de presentarse en el juzgado todos los lunes, la retirada de su documentación (lo que les impedirá volver a sus puestos en Sudamérica), y el embargo de todos sus bienes a excepción de su nómina. Los dos directivos deberán hacer entrega de su documentación en el juzgado este viernes a primera hora.

El representante de la fiscalía especial ha motivado su solicitud en la vinculación de ambos imputados en los hechos, por los que ya prestaron declaración días atrás el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el director técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez, y el director técnico de la consultora Intecsa, Nico Groeneveld. Fuentes del caso han explicado que los dos directivos de Acciona, empresa que constituyó una UTE (unión temporal de empresas) con Mariano López Navarro, han respondido a todas las preguntas que se les han formulado sobre los hechos denunciados.

La Fiscalía Anticorrupción considera, sin embargo, que la participación en los hechos de José María Jordán, que se encontraba desempeñando funciones directivas para Acciona en un país sudamericano al igual que el segundo imputado, es mayor, al mismo nivel que la del exgerente de Plaza, para el que también solicitó prisión sin fianza.

La instrucción del caso, de la que se hizo cargo a mediados de este mes un juez suplente, la retomará a principios de septiembre el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, encargado de las investigaciones.

Las declaraciones han coincidido este jueves con la celebración de un Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés en el que se ha tomado la decisión de personarse en la causa penal por estos hechos y de instar al mismo tiempo la personación de la sociedad pública Plaza, en la que la administración regional ostenta la mayoría accionarial.

Tras dicho consejo, el consejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés, Rafael Fernández Alarcón, ha desvelado que el actual gerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Jesús Andreu, fue una de la personas que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas prácticas corruptas y de malversación que se investigan en torno a estos hechos.

El consejo de administración de Plaza se reunirá mañana bajo la presidencia de Fernández Alarcón, para decidir su personación en la causa, en una sesión en la que, según fuentes del Ejecutivo regional, se podría plantear el cese en sus funciones del actual director técnico de la plataforma, imputado en la causa.

El representante de la Fiscalía Anticorrupción dirigió días atrás la operación de entrada y registro de unas instalaciones en Zaragoza de la UTE formada por Acciona y Mariano López Navarro, donde la sociedad guardaba toda la documentación relacionada con Plaza.

La Fiscalía Anticorrupción considera que los documentos incautados evidencian la presunta veracidad de la denuncia presentada en su ofician por presunta malversación y blanqueo de capitales. La investigación se dirige a conocer si la UTE pudo hinchar algunas de las facturas de obra sobredimensionando el volumen de varios de los trabajos realizados.