Amparo García Castelar, gerente del Sector Sanitario Zaragoza I, tendrá que declarar ante el juez en calidad de imputada el próximo 28 de febrero, en relación a un presunto delito de prevaricación administrativa. Esta situación es consecuencia de una querella criminal que interpuso el pasado mes de julio una médico otorrinolaringóloga, al considerar que la gerente nombró a un coordinador de servicio, con funciones de jefe de unidad, sin atenerse a los mecanismos que requiere ese nombramiento. Es decir, que supuestamente lo hizo a dedo y de forma arbitraria.

En concreto, según la querella, en abril de 2010 la gerente reunió a los directores de los hospitales Royo Villanova y Provincial, así como a cuatro otorrinos, entre los que se encontraba Amparo C. A. y Enrique F. G. Ante todos ellos, les comunicó la decisión «exclusivamente suya» de nombrar a Enrique F. G. «coordinador» de los cuatro especialistas y les informó de que sería él quien haría las funciones de «jefe de unidad».

Tras decirles que «ya se podían marchar», la doctora Amparo C. A. mostró su sorpresa ante tal «designación» y le pidió una explicación. Según relata en la querella, la gerente contestó que conocía a Enrique F. G. «de Alcañiz» -donde ambos habían coincidido hacía un tiempo-, aparte de porque le «salía de los c...», y porque había «levantado el Grande Covián», en referencia al ambulatorio de la avenida de Cataluña.

La reacción de Amparo C. A. fue decirle que «no era justo» que no se hubiese informado del funcionamiento del servicio de otorrinolaringología (ORL) y que durante siete años no había tenido jefe de ese servicio, tiempo durante el cual ella se había encargado de hacer prácticamente todas las labores organizativas, sin descuidar sus funciones médicas y sin que hubiera habido incidencias. «Bueno, pues ahora te relajas y que haga todo el otro», asegura que le contestó.

El doctor Enrique F. G. es facultativo especialista en Área, con plaza en propiedad en el Hospital Comarcal de Alcañiz, que llegó a Zaragoza en comisión de servicios y fue adscrito al Royo Villanova cuando García Castelar era su directora, antes de ser gerente. Ambos habían coincidido años atrás en el hospital alcañizano.

«Se inventó un cargo»

Para la querellante, la decisión de nombrar a Enrique F. G. coordinador del servicio de ORL de todo el sector I del Salud -que abarca el Provincial, el Royo Villanova y el ambulatorio de especialidades Grande Covián, así como los centros de salud del Actur y margen izquierda- supone un «descarado amiguismo». Además, considera que se «inventó» un cargo que no existe y que lo nombró sin seguir los mecanismos legales.

Cuando el juzgado recibió la querella, libró un oficio a la Gerencia del Salud del Sector I para que informase de si Francisco F. G. era el coordinador del servicio de otorrinolaringología y que explicara las circunstancias de su nombramiento. La contestación que recibió por escrito convenció al magistrado, que decidió no admitir la querella. Sin embargo, en el recurso posterior se puso de manifiesto que los argumentos usados por el Salud se basaban en un Decreto de organización y funcionamiento del sector sanitario del Salud en Aragón (el 41/2005) que fue anulado en febrero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. También se resaltó que, como estrategia defensiva, redujo la figura de «coordinador» a «interlocutor», «equivocando al instructor».

Por estos motivos y con el apoyo de la Fiscalía -que resaltaba la «falta de rigurosidad» en las precisiones contenidas en el informe emitido en defensa de la gerente del Salud- la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza revocó la decisión del juez instructor y le ha ordenado admitir la querella y practicar las pruebas precisas para saber si la actuación de Amparo García Castelar es o no constitutiva de delito.

Este periódico se puso en contacto con el Salud para recabar su opinión sobre este asunto pero el organismo evitó pronunciarse.