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FESTEJOS TAURINOS

Los municipios, satisfechos porque en las vaquillas solo haya que contar con un médico

Fasamet, cuya queja originó la sentencia que obligaba a contratar a dos facultativos, se muestra conforme con la modificación legal.

Satisfacción. Esa es la palabra que describe el estado de ánimo en los municipios y el sector taurino al conocer la 'pirueta' jurídica de la DGA para salir del atolladero en el que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) había dejado a la celebración de las vaquillas en la Comunidad. Hasta el sindicato médico que recurrió ante el Alto Tribunal se mostró conforme con los cambios legales introducidos. La obligación de contratar a dos facultativos, uno de ellos cirujano o traumatólogo, hubiera supuesto un serio inconveniente en meses como agosto, donde la acumulación de espectáculos se suma a la escasa disponibilidad de profesionales.

Como adelantó el lunes este periódico, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la modificación de la Ley 11/2005 reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad. Un proyecto que fija los postulados de los servicios médicos y las instalaciones sanitarias en la denominada fiesta nacional.

En lo relativo a los festejos taurinos populares, determina que el equipo médico básico estará constituido por un médico y un ayudante técnico sanitario o diplomado universitario en Enfermería. Así consta en el tercer punto de una disposición adicional cuarta. En casos excepcionales, en función de las peculiaridades del acto en cuestión (como el recorrido, el espacio o el número de participantes), se podrá exigir una mayor dotación de profesionales sanitarios. Ahora el proyecto se remitirá a las Cortes para su tramitación en lectura única. Javier Artajo, director general de Interior de la DGA, confió en que salga adelante en marzo.

Francisco Compés, portavoz de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (Famcp) en la materia, expuso que «la DGA ha dado la cara por los ayuntamientos». El alcalde de Almonacid de la Sierra indicó que, si tuviera que intervenir en un accidente, el cirujano no podría desempeñar sus funciones al carecer la mayoría de pueblos del material ni el alojamiento necesario. Por su parte, Salvador Plana, presidente de la FAMCP, alabó que se haya apostado por el «sentido común».

«Nos habríamos visto obligados a cortar los días de vacas», señaló María Pilar Palacín, alcaldesa de Fuentes de Ebro. José Ángel Zaldívar, su homólogo de Pedrola, apuntó que con la presencia del cirujano los festejos hubieran sido «inviables» en muchos pueblos. El caso de su localidad es particular, ya que desde hace 20 años contrata a dos médicos y dos ATS.

Entre los ganaderos las consecuencias del acatamiento del fallo judicial eran funestas, con un inevitable recorte de las sesiones. De ahí su alegría, aunque matizó que la crisis económica les seguirá afectando. Su compañero de profesión Félix Ozcoz lamentó que se haya «perdido el tiempo y el dinero», porque la DGA podría haber adoptado ya esta medida en 2010.

La Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (Fasamet), cuya queja originó la sentencia del TSJA, destacó que lo acordado por el Gobierno autonómico va «en la línea» de sus planteamientos.

El presidente de Fasamet, Leandro Catalán, afirmó que no les parecía mal que se amtizaran los casos excepcionales e insistió en que el colectivo «nunca» ha exigido un especialista, sino dos médicos para garantizar las mejores condiciones de asistencia.

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