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Zaragoza
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PROYECTO EN ZARAGOZA

El Ayuntamiento se decanta por pagar el estadio con suelo pese al parón inmobiliario

PSOE y PAR, que quieren licitar en marzo, sopesan otras opciones, como la colaboración público-privada o un derecho de superficie.

El Ayuntamiento de Zaragoza se decanta ahora por un modelo de financiación para el futuro campo de fútbol que pase por pagar con suelos públicos las obras de construcción, pese a la grave crisis que arrastra el sector inmobiliario. Esta es la opción más factible, aunque los responsables del gobierno municipal PSOE-PAR valoran otras dos soluciones, que también incluyen el pago en terrenos como salida económica: una colaboración público-privada por la que una contratista se queda con el paquete completo del estadio (construcción y explotación) o un derecho de superficie, mediante el que a cambio de un canon por el suelo la adjudicataria se quedaría con la edificación y gestión del complejo. A la espera de que se defina el modelo de financiación, el gobierno quiere licitar las obras en marzo, aunque su adjudicación quedaría para después de las elecciones.

La solución más viable es la de recurrir a un contrato de obra municipal convencional, frente a la concesión de obra pública que se previó en el convenio firmado por el Ayuntamiento y la DGA. Aquella solución pasaba por adjudicar a una empresa la construcción y mantenimiento a cambio de un canon anual que pagaban las administraciones, pero el problema era que computaba deuda. Pero ahora la construcción y el mantenimiento se sacarían a concurso y una sociedad gestora, en la que estaría el Ayuntamiento, la DGA y el Real Zaragoza, se encargaría de la explotación económica del complejo. Esta fórmula de contratación no eleva la deuda, que es la condición que en todo momento se han impuesto las administraciones públicas para embarcarse en el proyecto.

Para abonar los 131 millones de euros que cuesta el nuevo estadio de San José, se plantea el pago en especie, es decir, con suelo. El 50% del valor se sufragaría al comienzo de las obras con cargo a la parcela anexa al estadio de La Romareda, que dispone de 42.000 metros cuadrados edificables para usos terciarios (oficinas, comercios y hotel). El resto se abonaría cuatro años después. Esos pagos se podrían incluir en el presupuesto municipal, divididos en ocho anualidades, pese a las dificultades económicas que arrastra el Ayuntamiento. La otra solución es recurrir a parcelas de suelo por el mismo importe o incluso a permutas con la adjudicataria.

En la operación, similar a la que planteó el PP en 2002, podría entrar el solar del estadio de La Romareda. Aunque el Ayuntamiento ha tratado de aparcar este asunto, consciente de la polémica que suscitará, ya se han llegado a debatir soluciones que pasarían por recalificar el solar del actual campo de fútbol para construir entre 400 y 500 viviendas y destinar esos recursos al estadio. Aunque el pago con suelo es la propuesta que tiene más visos de prosperar, la situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario, con una grave crisis de ventas de pisos y los recelos del mercado financiero a los proyectos vinculados al ladrillo, no despeja del todo las dudas en torno al proyecto.

Además de esta primera opción, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene otras dos, en las que el suelo también es herramienta de financiación. La primera es una colaboración público-privada, por la que la empresa adjudicataria se encargaría del proyecto global. Se establece la posibilidad de pagar en especie en etapas de cuatro años (primera entrega el cuarto año, la segunda el octavo...). El problema es que este modelo necesita de un "diálogo competitivo" entre empresas invitadas que podría retrasar el proceso un año.

Otra solución es la de constituir un derecho de superficie para que una empresa pudiera construir, mantener y explotar el estadio. Esta propuesta ha partido de alguna empresa que se ha dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza. En un primer tramo, el Consistorio cobraría un alquiler por el suelo, pero en el segundo tendría que abonar las correspondientes anualidades por la obra civil, con un periodo de carencia inicial de tres o cuatro años. También se establece la posibilidad de pagar con suelo. No obstante, el problema es que también existe riesgo de que compute deuda pública.

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