El conflicto de los controladores aéreos centró, sin estar previsto, buena parte de la reunión que ayer celebraron en Zaragoza los fiscales superiores de las diecisiete Comunidades Autónomas, presididos por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Aún así, tuvieron tiempo de sobra para abordar las cuestiones que sí estaban incluidas en el orden del día, como la unificación de criterios para aplicar las últimas reformas del Código Penal, que entrarán en vigor el próximo 23 de diciembre.

Son cambios de gran trascendencia que suponen, entre otras cosas, el endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción -tanto en el sector público como en el privado-, los de terrorismo, crimen organizado o agresiones sexuales, en especial los delitos de los que sean víctimas los menores de edad.

Una de las novedades introducidas por el legislador es el castigo con penas de prisión de seis meses a dos años para las prevaricaciones urbanísticas cometidas o consentidas por funcionarios o cargos públicos, la concesión ilegal de licencias y cualquier abuso en las potestades de planeamiento, gestión o reparcelación. El delito urbanístico también eleva su pena de prisión hasta los cuatro años.

Otra reforma importante es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, algo muy relevante en delitos como el blanqueo de capitales o los urbanísticos. Hasta ahora, las empresas no podían incurrir en responsabilidad penal. Pero, tras la modificación, sí y lo harán por los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de ellas o en su provecho.

Excarcelación de 'manteros'

No todos los cambios suponen un endurecimiento de los castigos de cárcel. Durante la reunión, de la que fue anfitrión el fiscal superior de Aragón, José María Rivera, y a la que asistió también la fiscal de sala de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Martín Casallo o el jefe de la Unidad de Apoyo, José Luis Bueren, se trató también de la despenalización de la actividad de los 'manteros' o la rebaja de penas en los tráficos de drogas en cantidad de notoria importancia.

Ambos delitos supondrán la excarcelación de un buen número de presos. En la actualidad, en Zuera hay una docena de 'manteros' que cumplen pena por delitos contra la propiedad intelectual y que tendrán que salir de prisión en breve. Los criterios para actuar en todos estos casos serán fijados por la Secretaría de Sala de la Fiscalía General del Estado en una circular que será remitida, antes del 23 de diciembre, a todas las fiscalías superiores.

En el encuentro también se analizó el Real Decreto por el que se amplía para el próximo año 2011 la plantilla del Ministerio Fiscal.