Catorce meses después del gran incendio de San Gregorio, el más importante de cuantos se han registrado en Aragón en los últimos 14 años, la investigación judicial podría estar a punto de concluir sin haber encontrado responsables. Aunque la juez que instruye las diligencias todavía no ha decretado su archivo, tanto la Fiscalía como el abogado del Estado ya le han pedido que lo haga. Consideran ambos que se ha investigado lo suficiente y que no es necesario seguir practicando pruebas. Pero no opinan lo mismo las acusaciones particulares -que representan al dueño de unas colmenas y a los propietarios de un coto de caza-, que han propuesto incluso la imputación de otro militar (actualmente, hay ya cuatro).

La magistrada tendrá que valorar ahora los argumentos de ambas partes y resolver en consecuencia. En cualquier caso, parece lógico que la instructora medite bien su decisión. Primero, por la importancia del asunto. Y segundo, porque no querrá que la Audiencia de Zaragoza le vuelva a corregir. Ya lo hizo el pasado mes de mayo, cuando le ordenó que reabriera la investigación que había archivado en enero.

Entre las pruebas que la Sección Sexta pidió que se practicaran figuraban los interrogatorios de cuatro mandos del Centro Nacional de Adiestramiento (Cenad) de San Gregorio. Todos ellos comparecieron ante la juez en calidad de imputados y con la asistencia letrada del abogado del Estado. En caso de que se archivara el caso, los cuatro quedarían exentos de responsabilidad.

La petición de archivo de la Fiscalía se apoya en un prolijo informe de 21 folios, que concluye que no hay "base empírica o científica" para precisar cuáles fueron las verdaderas causas del fuego, que se inició el 18 de agosto de 2009 y no se dio por extinguido hasta el 21 a las nueve de la noche. Para entonces, habían ardido más de 7.000 hectáreas de monte bajo.

Informes de la Guardia Civil

Fueron las conclusiones de dos informes elaborados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil las que propiciaron que el caso se reabriera. En ellos, los investigadores decían que las llamas podían haberse originado por el uso de explosivos y de munición trazadora en condiciones climatológicas adversas, ya que la temperatura era aquel día de 31º y la humedad era escasa. Apuntaban además que en el recinto se cometieron hasta nueve negligencias o imprudencias que también deben evitarse en periodo de riesgo alto de fuegos.

Sin embargo, la Fiscalía ha estudiado bien esos informes y dice que las únicas conclusiones de los agentes que se pueden tener en cuenta son las basadas en el método de evidencias físicas, "dotadas de la solidez y el rigor que comporta la ciencia, pivotadas en datos y evidencias y no en meras conjeturas, sospechas o hipótesis". En este sentido, recuerda el ministerio público que se ha constatado que la mañana del incendio se practicaron dos detonaciones controladas: la última, entre las 11.30 y las 11.45, a 4,5 kilómetros del punto ignición de las llamas. Además, no fue hasta las 13.10 cuando se advirtió de la existencia de una columna de humo.

Dos posibilidades

Los propios investigadores de la Guardia Civil, basándose en esas pruebas científicas, decían: "Se barajan dos posibilidades principalmente, una sería que se hubiera llevado a cabo una desactivación a la que no se haga referencia; y la otra, que, de manera fortuita, haya detonado algún tipo de proyectil presente en las inmediaciones, provocando el desplazamiento de restos incandescentes".

El fuego se inició en una ladera de difícil acceso, fuera de la zona delimitada de caída de proyectiles, pero muy próxima. De hecho, durante la inspección ocular, los investigadores constataron que allí había muchos artefactos sin explosionar. También detectaron el arrastre de uno de ellos tras el fuego. Sin embargo, el responsable del equipo de desactivación declaró que aquel día no se hizo ninguna explosión controlada no programada y que tampoco se retiró nada.

Por todo ello, la Fiscalía concluye que no hay pruebas empíricas para precisar el origen del fuego y que las irregularidades advertidas por los agentes del Seprona serían de orden puramente "administrativo". En cuanto a cómo se actuó cuando se supo de la existencia del incendio, tanto el ministerio público como el abogado del Estado llegan a la conclusión de que se respetaron todos los protocolos y que la coordinación con el resto de instituciones fue correcta.