La jueza que investiga el incendio del campo de maniobras de San Gregorio tenía previsto tomar ayer declaración a dos de los cuatro mandos militares hasta ahora imputados: el teniente coronel jefe del Centro Nacional de Adiestramiento (Cenad) y el jefe de operaciones. Sin embargo, ni uno ni otro contestó ayer a ninguna pregunta sobre el origen del fuego o la forma en que se atajó.

Ambos habían sido citados en tiempo y forma. Pero ni llegaron a la hora ni lo hicieron como se esperaba. Aunque se les convocó hace ya bastantes días y se les informó de que debían presentarse en el juzgado a las nueve de la mañana y con abogado, acudieron algo más tarde y solos. Ante esta situación, la magistrada optó por aplazar el interrogatorio.

La 'puesta en escena' comenzó a primera hora, cuando los funcionarios del juzgado se encontraron en la bandeja del fax un escrito del abogado del Estado. Este debía haber acudido a la plaza del Pilar acompañando a los dos militares imputados, pero prefirió remitir un documento a la juez comunicándole su intención de personarse en la causa y pidiéndole tiempo para estudiarse los tres tomos de diligencias previas.

Ante esta 'inesperada' circunstancia, la magistrada podía haber optado por pedir un abogado de oficio para los militares, ya que la ley obliga a que todo imputado comparezca asistido por un letrado. Sin embargo, tampoco se había presentado a la cita el fiscal. La titular del Juzgado de Instrucción número 8, encargada del caso, optó al final por aplazar la comparecencia.

El que también se ha aplazado es el interrogatorio de los otros dos militares imputados por el incendio de San Gregorio, en el que ardieron 7.000 hectáreas de monte. Se trata del responsable del servicio de extinción de incendios del Cenad y del jefe de campo, quienes, en un principio, habían sido citados para hoy. Como ocurre con sus compañeros, ambos tendrán que volver a ser llamados ahora por la jueza instructora.

Los que sí acudieron a la cita fueron los letrados de los despachos que representan a los dos perjudicados personados hasta ahora en la causa. Uno de ellos es el propietario de una finca arrasada por el fuego, mientras que el otro explotaba un coto de caza. Ambos aseguran haber sufrido pérdidas millonarias como consecuencia de una imprudencia grave. "Los informes emitidos por los técnicos del Seprona (Guardia Civil), que inspeccionaron la zona afectada, son muy claros", explicaba ayer el letrado Enrique Trebolle, que ejerce la acusación en nombre del coto.

En esos atestados se explica que se organizaron ejercicios de desactivación de explosivos en pleno mes de agosto, a mediodía, y con unas condiciones meteorológicas adversas (más de 30 grados y escasa humedad).

Una posible estrategia dilatoria

La investigación judicial del incendio de San Gregorio se inició en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ejea, que se inhibió después a favor del número 8 de Zaragoza. Su titular dictó un auto de archivo en enero, pero el recurso presentado ante la Audiencia Provincial prosperó y obligó reabrir el caso. De hecho, la instructora ha llamado ya a declarar tanto a los testigos como a los cuatro mandos militares imputados. Sin embargo, fuentes jurídicas no descartan que el asunto termine recayendo en la jurisdicción militar. En este sentido, lo sucedido ayer podría haber servido para ganar tiempo.