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El 14% de las multas de la ordenanza cívica se cambia por trabajos sociales

La mayoría de los infractores que optan por esta medida son varones de entre 17 y 20 años.

El 14% de las personas sancionadas por la ordenanza cívica solicitaron sustituir su multa por trabajos en beneficio de la comunidad. Es decir, de las 2.587 denuncias que se tramitaron desde que entró en funcionamiento esta normativa -en noviembre de 2008- hasta el pasado mes de enero, 371 se han resuelto con este tipo de medidas sustitutorias.

Los infractores que hasta el momento han optado por los trabajos comunitarios responden a un perfil muy concreto. La mayoría de ellos son jóvenes varones (88%) con edades comprendidas entre los 17 y los 20 años (70%). Lo que explica que casi el 18% de las sanciones estén pendientes de cumplirse. Bastantes infractoresse encuentran a la espera de que acabe el curso escolar para poder realizar los trabajos, ya que la ordenanza indica que estos deben conciliarse con los horarios de instituto, trabajo o universidad.

Según informa el Ayuntamiento, la mayoría de estas labores consisten en tareas de limpieza que se llevan a cabo en el Parque Grande junto con el personal de FCC. Sin embargo desde octubre, los sancionados también colaboran con asociaciones y fundaciones de la ciudad, como Cruz Roja, Disminuidos Físicos de Aragón o la Parroquia del Carmen.

De esta manera cumplen su condena por un mal comportamiento, que, en más de la mitad de los casos (52,1%), consiste en orinar en la vía pública. Una conducta que puede llegar a sancionarse con hasta 500 euros de multa o con 10 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Otras de las causas más comunes de denuncia entre las personas que prefieren las medidas sustitutorias son las conductas agresivas contra el mobiliario urbano (23,6%), sancionadas con entre 10 y 20 horas, la propia práctica del botellón (11%), castigada con 22 horas, o arrojar basuras a la calle (8,4%).

Pero la sanción económica no puede sustituirse por trabajos comunitarios en todos los casos. La ordenanza cívica establece que a las infracciones graves -a excepción del botellón- no se les puede aplicar esta medida. Además, solo pueden acogerse a ella los menores de 21 años, aunque en algunos casos y en función de las circunstancias se ha sobrepasado esta edad.

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