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Compañeros de los militares condenados por el Yak-42 recogen apoyos para solicitar su indulto al Gobierno

El fiscal pidió ayer que se suspenda la ejecución de las penas por motivos de salud y por no tener antecedentes penales.

Los compañeros de los militares condenados por las falsedades cometidas en la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente del Yak-42 están pidiendo apoyos para solicitar el indulto de los tres oficiales. Desde abril, la subsecretaría del Ministerio de Justicia está recibiendo unos formularios tipo firmados por militares en los que se habla de la trayectoria "intachable" de los condenados y destacan que siempre actuaron con "disciplina" y "respeto a la jerarquía". Recuerdan que las condenas penales implican la inhabilitación y, en consecuencia, la pérdida de la condición de militar, que solo se recupera una vez cumplida la pena -nunca superior a tres años- y a petición del interesado. Por eso y en atención a los "méritos personales y profesionales" y a la "particularidad" de los hechos acaecidos, solicitan que se inicie el procedimiento para su indulto.

A principios de mes, los respectivos abogados del general de sanidad Vicente Navarro, del comandante José Ramón Ramírez y del capitán Miguel Ángel Sáez solicitaron la suspensión de la ejecución de la condena de sus clientes. El primero, condenado a tres años de prisión y a pagar una indemnización de 300.000 euros, alegó que el general está aquejado de una grave enfermedad (cáncer de pulmón, flebotrombosis, dolor continuado por hernia discal y profundo estado depresivo), así como que carece de antecedentes y tiene una vida estructurada. En el caso de los otros dos, condenados a 18 meses cada uno, argumentaron que la pena es inferior a dos años, es la primera vez que delinquen y han pagado las responsabilidades civiles.

Precisamente ayer el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, pidió al tribunal que suspenda la ejecución de la condena. Burgos lo decidió tras recibir un examen forense que recoge que el general Navarro sufre una grave enfermedad y otro que acredita que los condenados han depositado los 300.000 euros de responsabilidad civil.

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