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Zaragoza
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INMIGRACIÓN

Los expedientes de expulsión de extranjeros en enero bajan un 70% con respecto a 2009

La Subdelegación del Gobierno asegura que el recorte se debe al frenazo en la entrada de inmigrantes al país provocado por la crisis.

El número de extranjeros expulsados en Zaragoza ha empezado a caer de forma drástica. De las 187 órdenes dictadas en enero de 2009, se ha pasado a las 56 del mismo mes de 2010, lo que representa un descenso del 70% en solo un año. Desde la Subdelegación del Gobierno, a quien corresponde resolver los expedientes, aseguran que este notable recorte se debe al 'frenazo' que ha sufrido la llegada de extranjeros al país, consecuencia de la crisis económica. Y desde la Jefatura Superior de Policía, no se prevé que la aplicación de la llamada circular 1/2010, que permite la detención preventiva de inmigrantes para comprobar su situación legal, vaya a cambiar la tendencia.

La disminución de las expulsiones ha sido constante a lo largo de todo el año pasado en Zaragoza, que según datos oficiales se cerró con un total de 1.012 órdenes. El mes en el que se tramitaron más salidas obligadas del país fue febrero, con un total de 219. Septiembre, con solo 36 expulsiones, fue el de menor actividad en la oficina de Extranjería. La media mensual fue de 84 expedientes cerrados con una orden para abandonar España (ver detalle en el cuadro que acompaña la información).

Cada salida cuesta unos 5.000 €

Devolver a un inmigrante a su país no le sale gratis a la administración. De hecho, se calcula que cada expulsión viene a costar una media de 5.000 euros a las arcas públicas, cantidad que incluye los gastos del viaje y los de los dos policías que deben acompañar obligatoriamente al extranjero. "Por mucho que se hable de expulsiones exprés y de cupos, es difícil pensar en órdenes masivas para echar a inmigrantes irregulares. Hay que pensar que la cuestión económica pesa mucho a un Gobierno, y más en tiempos de crisis", explica el especialista en asuntos de Extranjería del Colegio de Abogados de Zaragoza, César Ciriano.

El experto recuerda también que entre las garantías del extranjero para demorar su salida de España figuran los recursos ante la administración o incluso la posibilidad de acudir a la vía contencioso administrativa. Al final, el procedimiento de expulsión puede alargarse entre cinco meses y un año.

Como informó ayer este periódico, los responsables de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han recibido ya la circular que marca las nuevas pautas de actuación con los inmigrantes en situación irregular, en la que se autoriza la detención preventiva cuando alguien no pueda acreditar su situación legal en España. Sin embargo, los funcionarios del Cuerpo Nacional aseguran que no han recibido ninguna orden específica que les obligue a incrementar los arrestos o a acelerar los expedientes de expulsión, como parece que ha sucedido en otras Comunidades.

La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil emitió ayer un comunicado para aclarar que la circular 1/2010 para la aplicación de la Ley de Extranjería no es un documento "secreto" o "confidencial". Desde su publicación, explicó, la circular está disponible en la Intranet (Webpol) de la Policía Nacional, a la que tienen acceso la mayoría de los miembros del Cuerpo.

Para explicar el contenido de la circular, personal especializado en extranjería ha mantenido reuniones con funcionarios de las Brigadas de Seguridad Ciudadana y de las Oficinas de Denuncias para asegurar una "correcta aplicación" de la legislación.

Según la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, el contenido de la circular se ciñe "exclusivamente" a la aplicación por parte de las unidades policiales de Extranjería y Fronteras de determinados aspectos de la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana y de la Ley de Extranjería. Detalla que la circular recoge una serie de instrucciones sobre determinadas actuaciones policiales, que la nueva legislación impone o permite.

La Dirección General de la Policía subraya que la circular "no modifica" la aplicación de la Ley sobre protección de la Seguridad Ciudadana de 1992 "en ninguno de sus aspectos".

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