Los empresarios niegan que pagaran a Becerril para lograr que les adjudicaran obras

zaragoza. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, tomó ayer declaración como testigos a tres constructores para averiguar si consiguieron contratas de obras municipales gracias a la información que les proporcionó el ex alcalde de La Muela y empresario Carmelo Aured y si este, a su vez, la logró del ex teniente de infraestructuras, Antonio Becerril. El primero está imputado por tráfico de influencias y el segundo por revelación de secretos. El magistrado también tomó declaración a la esposa de Aured.

El juez instruye la primera pieza separada de la Operación Molinos, que fue remitida a Zaragoza por el juez de La Almunia al conocer las conversaciones entre Aured y Becerril intervenidas por la Policía en las que hablan de obras municipales cuya contrata quieren conseguir otros empresarios a amigos del primero.

Las transcripciones revelaron que el objetivo de Aured era favorecer presuntamente a tres amigos suyos: a Vicente Rodrigo López, también imputado en la trama y que perseguía la adjudicación de un concurso de VPO del Ayuntamiento de Zaragoza, y a José Ignacio Gambón, de Arascón, que podría estar interesado en diversas obras municipales.

Carmelo Aured pretendía también, según la investigación, que Becerril intercediera para que la empresa de Juan Carlos Esteban Tejero estableciera una relación comercial con otra compañía, supuestamente para el suministro de hormigón para la construcción de la presa de Mularroya.

El magistrado interrogó ayer a los tres empresarios en calidad de testigos. Según pudo saber este periódico, tanto José Ignacio Gambón, como Juan Carlos Esteban y Vicente Rodrigo López negaron haber pagado dádiva o dinero alguno a Carmelo Aured o a Antonio Becerril y también haber recibido algún tipo de información privilegiada. Vicente Rodrigo recordó además que optó al concurso de obras de la capital aragonesa pero que no logró que se le adjudicase ninguna.

El único que no ha declarado hasta ahora en esta causa es el propio Becerril ya que su abogado, Álvaro Bajén, pidió la anulación de actuaciones porque, a su juicio, las conversaciones telefónicas fueron interceptadas de forma "ilícita". El juez desestimó su solicitud y el letrado apeló ante la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado.

Por otro lado y en relación con la denuncia por delito fiscal que investiga Instrucción 4, la persona que declaró el pasado miércoles en nombre de Ingeniería Aplicada Gevs fue Carlos Valiño Colás, antiguo administrador de la misma y que desde hace 3 años y medio no pertenece a la firma. El juez no actúa contra los actuales representantes legales de esa empresa y, de hecho, según explicaron los actuales socios, hace un tiempo se querellaron contra Valiño por estafa y falsedad de documentos, querella que se está tramitando .