El Ministerio de Fomento anunció el martes que el AVE entre Barcelona y Madrid tendrá a principios de 2019 una versión más barata. Ante las presiones que inmediatamente surgieron desde Aragón, el operador ferroviario puntualizó ayer que tendrá parada en Zaragoza tras la fase piloto; pero no concretó la fecha exacta en la que se efectuará este cambio ni a cuántos trenes afectará. Se trata de un gesto positivo por parte de Renfe, pero absolutamente insuficiente. El Gobierno, de quien depende la entidad pública empresarial, tiene la obligación política de utilizar las infraestructuras de transporte para impulsar el desarrollo de una Comunidad tan centrípeta e integradora como es esta. Frente a las siempre activas fuerzas centrífugas de Cataluña y el País Vasco, Aragón debe ser un eslabón fundamental para vertebrar España. Por ello, este proyecto, denominado EVA, no solo debe gestionarse pensando en la comunicación entre Madrid y la Ciudad Condal, sino también en el imprescindible desarrollo de la España interior.

Si Barcelona va a recibir una inversión de unos 2 millones de euros para la estación de El Prat, lo justo es que Aragón, que sufre una capitidisminuida red de obsoletos trenes regionales, disfrute de las paradas del EVA desde el primer día. No hacerlo sería, además, un mala decisión económica, pues la línea del AVE ya ha demostrado que en Zaragoza hay una demanda real de este servicio.