La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha restado importancia a los recortes que sufrirá parte de la aplicación de la Ley de Dependencia, en cumplimiento del plan de ajuste para disminuir el déficit, porque, ha dicho, ninguna de las ayudas que ya se reciben "se van a tocar".

Jiménez preside entre hoy y mañana la reunión informal de ministros de la Unión Europea sobre discapacidad y la Conferencia sobre Discapacidad y autonomía personal a través de la educación, accesibilidad universal y el empleo", reuniones en las que está previsto revisar las políticas integrales sobre la discapacidad y analizar la adaptación y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas.

A su llegada al Palacio de Congresos de Zaragoza, donde se celebra la cita, la ministra ha explicado a los medios de comunicación que la intención de la presidencia de España, con esta reunión, es destacar la importancia que para el país tienen todas las políticas relacionadas con los discapacitados y poner en valor el "gran esfuerzo" realizado por España para que éstos tengan los mismos derechos que el resto de ciudadanos.

Este esfuerzo, a su juicio, no entra en confrontación con la reciente medida anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de demorar hasta el cinco años los pagos de la ley de Dependencia ya reconocidos y de no pagar atrasos entre la fecha de presentación de solicitud de la prestación y su resolución si pasan menos de seis meses.

Trinidad Jiménez ha dicho que la de la Dependencia es "una de las leyes que con más intensidad ha defendido Zapatero", aunque ha reconocido que el contexto de crisis económica internacional ha obligado a España a tomar "determinadas medidas de ajuste" para contribuir a rebajar el déficit público.

En todo caso, ha insistido en que a pesar de que "había voces" que reclamaban su paralización, el Gobierno ha decidido mantenerla y, en este sentido, ha enviado "un mensaje" a las personas que ya reciben la ayuda y es que "no se va a tocar".

En cuanto a los trabajos que van a desarrollar estos días, la ministra española ha explicado que se van a evaluar por primera vez el trabajo de ratificación, por parte de los países, de la Convención de la ONU.

España fue el segundo país que la ratificó y el primero que ha presentado un informe a la ONU sobre este aspecto, que supone la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Convención.

Así, en junio está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley para la adaptación de la normativa española a la Convención.

Ésta incluye, entre otros aspectos, incrementar la reserva de plazas para discapacitados en convocatorias públicas del 5 al 7 por ciento; garantizar la plena participación de los discapacitados en los procesos electorales, y hacer un análisis de impacto de la accesibilidad cada vez que se proponga la construcción de un edificio público.