La Audiencia Provincial de Teruel ha dictado el archivo “definitivo” de la investigación abierta para depurar responsabilidades por el accidente en Villastar, el 19 de marzo de 2011, del helicóptero en el que viajaban siete brigadistas antiincendios, seis de los cuales murieron y otro resultó gravemente herido al estrellarse la aeronave contra el suelo.

La sala estima que los delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia por los que se han seguido las actuaciones judiciales han prescrito, al haber transcurrido, con creces, los cinco años que marca la ley desde que se produjo el siniestro, el cual se debió a un fallo mecánico en una pieza del helicóptero. Por ello, en un auto, declara extinguida “la responsabilidad criminal en que hubieran podido incurrir los presuntos autores de los hechos denunciados no identificados”.

Señala la Audiencia que la prescripción temporal podría haberse interrumpido si el procedimiento hubiera ido dirigido contra personas determinadas, pero los magistrados opinan que no ha sido así y que, en su lugar, los familiares de las víctimas “manejan unos términos excesivamente genéricos para referirse a los presuntos autores”, tales como ‘corporaciones’, ‘responsables de retirar la pieza en cuestión’ o ‘todos o alguno de los agentes intervinientes en la cadena de custodia, supervisión y revisión de la pieza fallida’. “Procede el archivo de la causa sin más trámites”, concluye el tribunal turolense.

La medida ha sentado muy mal a los familiares de las víctimas, que tras el accidente iniciaron un proceso judicial para reclamar responsabilidades por la muerte de los seis bomberos forestales y las lesiones que sufrió el único superviviente. Un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de Aviación Civil, dependiente del Gobierno Central, concluyó en 2014 que el siniestro se debió al fallo de una pieza del helicóptero que no había sido inspeccionada debidamente.

El abogado que representa a algunas de las familias de los fallecidos, Jorge Cuadra, ha expresado su desacuerdo con el archivo de la causa. En su opinión, fue un error cometido por la Audiencia de Teruel el que ha demorado el avance de la investigación judicial haciendo que, a la postre, el caso haya prescrito en el tiempo. Cuadra explica que el máximo tribunal turolense archivó la causa en 2015 a petición del Ministerio Fiscal sin haber dado traslado previamente a las acusaciones de la solicitud realizada por la Fiscalía, lo que privó a estas de la oportunidad de oponerse a ella.

Recuerda Cuadra que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, al que acudió la viuda de uno de los bomberos, así lo reconoció en 2016, concluyendo que el Estado español no garantizó el derecho de la recurrente a un juicio justo. Añade que lo mismo hizo el Tribunal Supremo poco después, quien señaló que el cauce procesal para la restitución del derecho vulnerado solo podía ser la reapertura de la causa.

“La causa ha quedado inconclusa, sin poder ser juzgados los posibles responsables”, ha lamentado el abogado de las familias, quien reprocha al Ministerio Fiscal “que no haya apoyado a las víctimas”. Jorge Cuadra critica también al Gobierno aragonés, personado en el procedimiento, “quien después de decir que respaldaría a las familias no ha solicitado ni una sola prueba en todo el proceso, limitándose a abstenerse”.

Las familias no descartan ahora acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial, es decir, solicitar una compensación “por un supuesto mal funcionamiento de la Administración de Justicia que habría provocado la prescripción del caso”, afirma Cuadra. Otra de las opciones barajadas es interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo oponiéndose al archivo del proceso.