El autobús regular Teruel-Madrid, el único transporte público entre ambas capitales ya que no hay tren, se tambalea. Así lo advierte la empresa concesionaria de la línea, IRB, cuyos responsables han solicitado el apoyo "urgente" del Ejecutivo central y el autónomico al considerar que esta comunicación es "inviable" económicamente debido al escaso número de viajeros, 7 u 8 por relación. No ayuda a mejorar la situación la crisis del coronavirus y el parón general que sufre el país en estos días.

El gerente de IRB, David López, achaca la falta de demanda a que los autobuses recorren una de las zonas más despobladas y envejecidas del país, pero también a la implantación de nuevos modelos de transporte, como el ‘Bla-bla car’, y a que cada vez más los habitantes disponen de coche propio. Argumenta que los datos demográficos que le proporcionó el Ministerio de Fomento –titular de la línea– para optar a la concesión en 2018, no eran del todo actuales.

López califica la situación de "muy grave". Admite que debe a los 14 empleados más de un mes de salario –los trabajadores dicen que tampoco han cobrado una extra– y asegura que IRB tiene pérdidas desde que empezó a prestar el servicio hace 21 meses. "Pedimos a la Administración afrontar esto juntos, porque estamos bajo mínimos", dice el gerente de IRB, quien afirma que, si bien el contrato de concesión tiene una duración de 10 años, "existen puntos en el documento que contemplan una rescisión del acuerdo, y los estamos analizando".

El representante sindical de los trabajadores de IRB, Enrique Baigorri, sostiene, sin embargo, que los autobuses han perdido viajeros desde que el pasado septiembre se retrasara hasta las 8.45 la salida del primer autobús a Madrid para que el vehículo pudiera realizar antes un transporte escolar. El servicio llega a la capital española a las 13.00, sin tiempo para que el viajero pueda realizar gestiones en el día, pues el último bus de vuelta a Teruel sale a las 14.00. "No es de recibo que un servicio público anteponga el interés de un transporte escolar al de la comunicación general", denuncia. Añade que los chóferes no cuentan con tiempo suficiente para hacer el viaje de los escolares previo al desplazamiento Teruel-Madrid, por lo que este último "sale siempre tarde".

Tampoco ayuda que no exista un servicio directo. Hay uno semidirecto que tarda cuatro horas y 20 minutos en recorrer los 300 kilómetros entre las dos ciudades y otro con más de 30 paradas que dura casi 5 horas.

Los empleados no descartan una huelga para protestar por los impagos de la empresa. En aras a que no se pierdan más viajeros, reclaman a IRB mayor adaptación a la demanda habilitando más vehículos en momentos puntuales, pues sostienen que a veces ha ido gente a Madrid que no ha podido volver por falta de plaza.

Critican también que el equipamiento de los buses no es como se anunció inicialmente, al no haber televisión digital terrestre ni sonido individual con ocho canales y no funcionar las cámaras de vigilancia en el interior del bus y el maletero. Baigorri señala que no hay sistema de mantenimiento de los aseos, con lo cual, están siempre cerrados. Añade que, "de manera continuada", se incluyen en la flota de autobuses dos vehículos con menor confort y seguridad que el resto, pues no llevan detector de fatiga del conductor, ni cinturón de seguridad con tres puntos de anclaje, ni wifi ni enchufes.

El delegado sindical agrega que existía el compromiso de mantener abierta la taquilla en Madrid todos los días de 8.00 a 20.00, pero la "realidad" es que los domingos está cerrada y el resto de los días funciona solo de 8.00 a 14.00 sin que exista servicio de atención al público las 24 horas del día.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aseguran que el sistema vigente dispone de las herramientas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio a los ciudadanos "en los distintos supuestos que pudieran suscitarse durante la ejecución del contrato". "En esta línea se trabajaría si surgiera cualquier incidencia", subrayan.

Fuentes de la DGA se muestran tajantes en que el servicio es de titularidad estatal, por lo que la Comunidad Autónoma "no debe destinar recursos propios a competencias impropias". "Unos fondos –continúan– que son necesarios para atender el transporte autonómico". El diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, aboga porque las distintas Administraciones "colaboren" en la búsqueda de una solución. "No se puede dejar caer esta conexión. Hay que dar un servicio competitivo a la población", remarca.