Los sindicatos mineros y el Ministerio de Transición Ecológica alcanzaron a primera hora de la noche, y tras más de 10 horas de reunión, un preacuerdo para “una transición justa de la minería del carbón y desarrollos sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2017” según se denomina oficialmente el preacuerdo, que será firmado el próximo día 24 de este mes en un acto que presidirá la ministra, Teresa Ribera.

A grandes rasgos, habrá prejubilaciones, a partir de 48 años equivalentes, bajas incentivadas, una cantidad económica para la restauración de zonas mineras y para la reactivación económica –infraestructuras, proyectos empresariales y formación- de las comarcas mineras, con una dotación que aunque no está fijada rondará los 1.250 millones de euros y, en el caso concreto de Aragón, habrá “flexibilidad”, aunque este extremo no se recoge en el preacuerdo de ayer, para que la empresa SAMCA devuelva los 7 millones de euros recibidos en ayudas públicas desde el año 2010, como exige la UE, y pueda continuar extrayendo carbón a partir del 1 de enero de 2019, “mientras funcione la central térmica de Andorra”, tal y como explicaba al finalizar la reunión el secretario de industrias extractivas de la Federación de Industria de CC. OO. en Aragón, Antonio Montoyo.

A lo largo de la larga negociación del día de este martes, los responsables ministeriales y sindicales estuvieron en contacto con SAMCA, explicaron el propio Montoyo y el responsable de minería de UGT-FICA Aragón, Francisco Montull, y desde la empresa se manifestó la intención de continuar extrayendo carbón, al menos mientras la central térmica de Teruel continúe con su actividad. Igualmente, los trabajadores aragoneses tendrán derecho a las prejubilaciones y bajas incentivadas aunque su empresa siga funcionando y los términos de este punto deberán de fijarse en una futura reunión que tendrá lugar entre la propia empresa, los sindicatos y los Ministerios de Transición Ecológica y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Y es que en el acuerdo alcanzado ayer se establece que “más allá de 2018 se promoverá el uso del carbón autóctono competitivo”, caso del que se extrae en Aragón, “como un modo de favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería”.

Igualmente, “los ámbitos temporales de las distintas actuaciones serán los siguientes: Plan para la restauración de explotaciones en comarcas mineras hasta el 2023; medidas excepcionales para empresas: 2019-2025 y medidas de reactivación de las comarcas mineras entre 2019 y 2027”. El ámbito territorial para la reactivación “lo constituyen las áreas geográficas en las que actualmente se produce la extracción de carbones, pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, y Castilla y León y Puertollano”.

En cuanto al plan social para los trabajadores, el mismo recoge “bajas indemnizadas para los trabajadores con la condición de plantilla propia anterior a 31 de diciembre de 2017 y prejubilaciones para trabajadores “que tengan al menos cuarenta y ocho años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda, o al menos, 20 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón”. Y es que por cada año trabajado y debido a la penosidad del mismo a los trabajadores de la minería se les contabiliza realmente un tiempo mayor por lo que habrá mineros que se puedan prejubilar con alrededor de 40 años”. Estas prejubilaciones “garantizarán el reconocimiento del 72% de la media mensual de la retribución salarial ordinaria bruta, considerando los seis meses efectivamente trabajados anteriores a la incorporación a la prejubilación con el prorrateo de pagas extraordinarias”.

Igualmente, y dentro del Plan Social pactado, “existirán ayudas de carácter medioambiental destinadas a financiar la clausura de las instalaciones y la restauración del espacio natural afectado por la actividad minera y otras medidas adicionales” y “otras medidas adicionales”, de recolocación prioritaria y preferente de excedentes, “a favor de los trabajadores del sector que continúen en labores extractivas en las unidades de producción de las empresas”.

“El acuerdo es satisfactorio”, explicaba el secretario de minería de UGT-FICA, Víctor Fernández, “porque cubre al 100% de los trabajadores del sector y porque se garantiza una presencia en el mix del carbón nacional que posibilita que las empresas que quieran seguir puedan hacerlo”.

Sin embargo puede haber un punto de conflicto que es el de los trabajadores de las contratas y subcontratas, unos 500 en todo el sector, para los que el sindicato USO, que entró a negociar con los rectores ministeriales tras el encuentro con UGT y CCOO, exige “el mismo tratamiento”, que para los 2.100 trabajadores actuales de las empresas matrices. El Gobierno se niega a ello aduciendo que lo impide la legislación comunitaria y desde USO se deja claro que “solo es cuestión de voluntad política”.

Respecto a la reactivación económica de las comarcas mineras, como tales están reconocidas Aragón, Asturias, Castilla y León y Puertollano (Ciudad Real) “se prevé un plan de acción urgente para comarcas mineras que implica las siguientes actuaciones: continuidad de las medidas de impulso económico y reactivación de las comarcas mineras afectadas; plan para la restauración de explotaciones en comarcas mineras 2018-2023 Plan de Desarrollo de Energías Renovables y Eficiencia Energética 2018-2023; elaboración de contratos de transición justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas”. Por otra parte, “se acuerdan medidas para apoyo a nuevas tecnologías, formación, trabajadores excedentes y seguridad minera”. Aunque no se refleje en el acuerdo y “el montante total dependerá de la disponibilidad presupuestaria”, el dinero previsto para la reactivación, según fuentes sindicales, rondará los 1.250 millones de euros.