Una sentencia obliga a pagar 230.000 euros más por el suelo destinado al hospital de Alcañiz

El suelo expropiado para levantar el nuevo hospital de Alcañiz le costará al Ayuntamiento 230.000 euros más de lo previsto –abonó un millón de euros por todos los terrenos–. Cuatro propietarios expropiados recurrieron judicialmente el precio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa por 32.141 metros cuadrados de suelo rústico y han obtenido de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) una valoración final que duplica la inicial, al pasar de 7 euros por metro cuadrado a 12,9. El Consistorio tendrá que abonar la diferencia de tasación y los intereses acumulados.

Las dos sentencias que incrementan el precio del suelo –una afecta a tres recurrentes y otra, a uno– se emitieron el 4 de marzo de 2015, hace casi un año. El TSJA inició la ejecución de las sentencias y el Ayuntamiento respondió a principios de 2016 que alcanzó un pacto con la Consejería de Presidencia para que se haga cargo del incremento de costes. Sin embargo, desde el Departamento de Presidencia afirmaron ayer que tienen "conocimiento" del fallo judicial, pero afirmaron que "no hay ningún acuerdo explícito" para asumir el desfase desde el Gobierno aragonés. La misma fuente añadió que "habrá que decidir si se asume el precio extra y, en su caso, con cargo a qué partida presupuestaria".

El pago de los terrenos del futuro hospital lo efectuó el Ayuntamiento con financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), principalmente, y también con recursos propios.

El Consistorio respondió al TSJA que, al destinarse el suelo expropiado al nuevo hospital que promueve el Departamento de Sanidad, será el Ejecutivo aragonés el que desembolse el coste añadido. El alcalde, Juan Carlos Gracia, dice en su respuesta que "espera poder recibir en fechas próximas" la notificación de la ayuda por parte de la DGA para "proceder al pago" de la cifra adeudada a los propietarios que recurrieron el precio inicial. Pero la DGA no se compromete, de momento, a tapar el agujero financiero.

Los cuatro propietarios que recurrieron la tasación del Jurado Provincial de Expropiación, representados por el abogado José Manuel Bolea, reclaman un precio más alto por su tierras al estimar que, al valorarlas, no se tuvo en cuenta su productividad como tierras de regadío.

Los recurrentes explican que la tasación de la Administración estima una cosecha de alfalfa –la planta cultivada en las fincas expropiadas– muy por debajo de la real, al igual que maneja un precio de venta inferior al de mercado. Finalmente, el TSJA aplica en su fallo los criterios económicos marcados por un perito judicial, que también resultan superiores a los utilizados por el Jurado de Expropiación Forzosa.