El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha explicado que ya se han trasladado 30 personas desde la residencia Turia de Teruel a la residencia Javalambre y "quedan 24 por trasladar", según ha precisado en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PSOE, María Victoria Broto, en el pleno de las Cortes de Aragón.

Oliván ha indicado que "se comenzó por las personas con mayor grado de dependencia" y se está realizando el traslado de entre tres o cuatro personas al día, con el objetivo final de cerrar la residencia Turia porque es "inadecuada para mantener el servicio en relación con los residentes" que la ocupan, según puso de manifiesto la inspección.

El consejero ha afirmado que "no existe constatación de queja ni reclamación de usuarios ni familias", "más bien, al contrario", ha habido manifestaciones positivas sobre la nueva residencia, ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que está teniendo lugar la "máxima coordinación" entre ambos centros para la salida y la entrada de estas personas, que "se está haciendo de la forma más personalizada posible y minimizando el efecto o el impacto del cambio".

El consejero ha relatado que los días 9 y 10 de enero se envió una carta personalizada a los residentes o familiares designados explicando los motivos del cierre con el teléfono de la directora provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) "por si había alguna duda", quien recibió tres llamadas.

Después, tuvo lugar una conversación personal "para informar de las fechas y del procedimiento exacto que se había decidido", que está siendo un traslado "progresivo" y se ofreció la posibilidad a los familiares "de estar presentes" si querían "para facilitar la adaptación del residente al nuevo centro".

La herencia

El consejero ha subrayado que "recibimos una residencia en herencia con problemas" y con un acta de inspección de 2004 que "decía lo mismo que la de 2012", a pesar de que en 2004, la "única respuesta" del Gobierno entonces, del PSOE, "fue el silencio, sabiendo que era inadecuada" por lo que ha pedido a la diputada socialista "un poco de responsabilidad por parte de ustedes en este tema".

La parlamentaria del PSOE, María Victoria Broto, ha criticado el cierre de la residencia Turia como "un paso más en el desmantelamiento de los servicios sociales y, especialmente, en la ciudad de Teruel", para lamentar también "la información y la forma como se ha tratado a los residentes y sus familias, que ha sido un auténtico desastre".

A su entender, "se les ha notificado tarde y mal" y ha comentado que había residentes que querían quedarse allí porque "estaban muy bien, en el centro de Teruel", generando "malestar e inseguridad" ya que "no sabían cuándo se iban a trasladar" y se ha preguntado "cómo se puede pedir a las familias que les ayuden a la adaptación" en la nueva residencia "con la falta de transparencia y lo opaco que ha sido este proceso".

Ha añadido que las "deficiencias" han servido al consejero de "excusa" para cerrarla, dentro de su propósito "de conseguir el objetivo del déficit y no pensar en las personas" y "no ha hecho caso a lo que se ha decidido por mayoría en el Ayuntamiento de Teruel y en la Diputación Provincial de Teruel, pidiendo que se mantenga" abierta.

El Frago solo se cierra si hay alternativa

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha asegurado que el Ejecutivo "no tiene decidido todavía" el cierre de la comunidad terapéutica El Frago y este se producirá "siempre que tengamos una alternativa".

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, en el pleno, el consejero ha dicho que la Comunidad autónoma "debe tener una comunidad terapéutica para personas con trastornos adictivos", si bien el centro de El Frago "no está adaptado para la problemática de hoy en día, ni para sus soluciones".

"Las cosas han cambiado", tanto por lo que se refiere a "las drogas que se consumen", como a "muchos de los programas de atención a este tipo de problemas" y "es necesario un cambio de modelo para atender en condiciones a estas personas, eso es lo que nos preocupa", ha manifestado Oliván.

En este sentido, ha señalado que "deja de tener sentido" que la comunidad terapéutica esté "en un lugar alejado y aislado", algo que estaba pensado para atender a personas con adición a opiáceos y con marginalidad, ha relatado.

Actualmente, es precisa una "cercanía y mejor acceso a la atención primaria y especializada, especialmente en cuestiones de salud mental", así como la "máxima interacción con los recursos laborales y de ocio, cuestión fundamental de los programa para eliminar adicciones".

Por su parte, el personal "no es que sea escaso", es que su cualificación "no está adaptada a los programas que requieren las adicciones actuales". Por lo que respecta al centro, tiene "deficiencias en las comunicaciones" y "hace falta una importante inversión para adaptar las instalaciones, en cuestiones como el suministro de agua", entre otras.

El consejero ha subrayado que, "en caso de que se produzca el cierre, nunca supondría el abandono, ni dejar sin atender a las personas que ahora mismo están allí" y en estos momentos "no tenemos clara la alternativa".