Más de 30 agricultores aún no han cobrado por la expropiación de sus fincas para hacer la A-23

Un total de 34 propietarios de los municipios de Cella, Santa Eulalia y Villarquemado han denunciado que ocho años después de que el Ministerio de Fomento ocupara sus fincas para poder construir la autovía Mudéjar o A-23, todavía no han cobrado la indemnización correspondiente por el valor de las tierras.

Los afectados afirman que cada vez que se han dirigido a Fomento, ya sea a través de sindicatos agrarios o bien a título particular, para preguntar a qué se debe el retraso en el abono de las compensaciones, reciben la misma contestación, que no hay dinero para pagarles. Desde el Ministerio de Fomento no pudieron ayer dar una explicación de por qué estos 34 agricultores no han recibido aún la cuantía adeudada.

Según relatan los propietarios, una serie de circunstancias han podido influir para que se produzca un retraso tan importante, si bien no por ello lo justifican. Señalan que, tras ser ocupadas las fincas a mediados de 2002, todos los afectados decidieron acudir al Jurado de Expropiaciones con el fin de que la valoración económica de sus terrenos fuese estudiada con más detalle y resultase lo más ajustada posible a la realidad, algo que alargó el proceso de tramitación. Se sumó a ello -aseguran- el hecho de que por las mismas fechas la Administración tuviera que resolver las expropiaciones para la urbanización del polígono industrial Platea.

No obstante, explican que, sea como fuere, el Tribunal de Expropiación resolvió el precio de los campos entre septiembre de 2006 y abril de 2007, sin que hasta la fecha ninguno de los perjudicados haya recibido compensación.

"Nos dicen ahora que no hay dinero para pagarnos, pero lo cierto es que el Ministerio de Fomento ha tenido tiempo más que suficiente para cumplir con su obligación. No hay razón para que no lo haga", señaló ayer uno de los propietarios, José Marco, de Villarquemado. Este agricultor, que afirmó recoger la opinión del resto de los perjudicados, señaló que el colectivo no descarta acudir a los tribunales para reclamar la indemnización que les corresponde y que, sin embargo, no llega.

Marco explicó que el retraso de Fomento en el pago de las expropiaciones está lesionando su economía, pues le impide seguir invirtiendo en la modernización de la maquinaria con la que trabaja sus campos. Este propietario indica que el Ministerio le debe 38.000 euros, una cantidad que se eleva a cerca de 60.000 euros si se tienen en cuenta los intereses por demora.

"Ahora, por ejemplo, tengo problemas para comprar un cultivador de rulo, que me permitiría aumentar la productividad de mis campos de cereales -afirmó- y tampoco he podido construir una cochera para el tractor, que también me resulta necesaria". Como él, otro agricultor, Serafín Herrero, reclamó al Ministerio de Fomento "más agilidad a la hora de pagar".

"Es una injusticia"

El Partido Popular en Teruel mostró ayer su más absoluto rechazo "al trato que están recibiendo las personas a las que se les han expropiando sus bienes" y anunció que pondrá en marcha "iniciativas para terminar con esta injusticia". Así, la presidenta provincial de esta formación política, Carmen Pobo, ha dado instrucciones a diputados y senadores para que se interesen en la búsqueda de soluciones a este conflicto.

Una cantidad mínima

Se calcula que, en total, el Ministerio de Fomento adeuda a estos 34 propietarios alrededor de 300.000 euros. El vicesecretario de Acción Territorial del PP, Joaquín Juste, afirmó que esta cantidad "es mínima para un organismo oficial y, sobre todo, en el marco de una obra tan importante y costosa económicamente como es la autovía; por tanto, no debería retrasarse su pago". Juste afirmó que, por el contrario, los agricultores expropiados "se encuentran en una situación de indefensión, pues solo pueden esperar a que Fomento les pague un dinero que es suyo y que necesitan para seguir trabajando en su actividad".

Joaquín Juste explicó que algunos de los afectados, a raíz de la expropiación de sus tierras para la construcción de la autovía Mudéjar, se vieron obligados a comprar nuevos campos y maquinaria agrícola adaptada a las circunstancias, recurriendo para ello a créditos bancarios a los que ahora tienen que hacer frente, "mientras que la Administración les debe un dinero".

La situación resulta más llamativa aún si se tiene en cuenta que otros propietarios a los que se les expropiaron fincas más tarde, ya han cobrado. Es el caso de los agricultores que cedieron terrenos para la construcción de tramos en las zonas de Calamocha y Romanos.

José Marco explicó que, debido a la expropiación, una de sus fincas se redujo a la cuarta parte de su superficie mientras que otra quedó partida en dos mitades por la autovía. Aunque sigue cultivando cereales, sus campos han perdido la forma cuadrada que tenían antes "y es más dificultoso labrarlos".