El Juzgado de lo Penal de Teruel ha condenado a dos años de prisión y al pago de más de 25.000 euros a E. V. C. M., un vecino de Castellón que en 2008 se llevó a su casa cientos de documentos del Archivo Histórico Provincial de Teruel. Al no tener antecedentes penales, su condena podría ser suspendida y no entrar en la cárcel.

E. C. iba con frecuencia al Archivo para consultar sus fondos llegando a apropiarse de 10 protocolos notariales, 508 documentos de otros protocolos, dos pergaminos y 151 boletines oficiales. Como recoge la sentencia, estos papeles, una vez en su poder, resultaron dañados. Además, otros 69 protocolos que él examinó registraban roturas, fragmentaciones, separación de sus elementos, subrayados, anotaciones y añadidos para señalar la información que resultaba de su interés.

Los documentos están fechados entre los siglos XVI al XX, son Bienes de Interés Cultural y forman parte del Patrimonio Histórico Español. El material sustraído, aunque estropeado y en algunos casos sin reparación posible, fue recuperado por la Policía tras el registro del domicilio y la oficina del procesado. Al parecer, E. C. iba a plantear un litigio sobre unas fincas de Teruel y recogía documentación.

De los dos años de cárcel que le impone el Juzgado, uno es por un delito continuado de hurto y otro por un delito continuado de daños con la atenuante de reparación del daño. De los más de 25.000 euros que deberá pagar, 21.692 son en concepto de indemnización al Ministerio de Cultura como titular del Archivo Histórico de Teruel, mientras que el resto de la cuantía supone una multa por el deterioro de los documentos. Por último, la Justicia prohibe al procesado entrar al Archivo en el plazo de cinco años.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal solicitaba para E. C. cuatro años de prisión por los delitos continuados de hurto y daños. Sin embargo, en el acto del juicio rebajó su petición de pena a solo dos años de cárcel y tanto las acusaciones particulares -Abogado del Estado y Gobierno de Aragón- como el encausado y su defensa -que inicialmente pedía la libre absolución-, mostraron su conformidad, lo que hizo innecesario que continuara la vista oral.