"Yo soy obispo de la Iglesia y me debo a lo que la Iglesia me diga y a su ordenamiento jurídico". Así de tajante se mostró ayer en Barbastro el administrador apostólico de Lérida, Xavier Salinas, respecto al litigio por las 113 piezas de las parroquias aragonesas que se encuentran en depósito en la capital ilerdense y deben ser devueltas a su propietario, el obispado de Barbastro-Monzón, según mandato vaticano. Esta decisión fue ratificada recientemente por la Rota, que no admitió el enésimo recurso de Lérida, con lo que se cierra la vía canónica.

"La diócesis de Lérida ha seguido el camino canónico para averiguar si realmente tenía títulos para mantenerlas (las obras), pero hemos confirmado que debemos, según dice el decreto (de la Congregación de los Obispos), devolver estos bienes a Barbastro", explicó.

Salinas reconoció que se siente "incómodo" en Lérida porque "lógicamente yo vivo las cosas desde allí y allí piensan que les quitan, les arrancan algo que es suyo, y es verdad que los bienes han estado allí cien años y se han cuidado de buena fe". Las piezas, recordó, "se pusieron a disposición del Consorcio" del Museo de Lérida Diocesano y Comarcal, "y ahora, con la misma buena fe, les tenemos que decir lo que hay y, por tanto, buscar la forma de dar una solución".

"No hay total disponibilidad"

Si bien afirmó que las llaves del espacio museístico en el que se encuentran las obras en litigio "las tiene la Generalitat", Salinas destacó que "estos bienes son de la Iglesia, vienen de la Iglesia y van a la Iglesia, por lo que esta tiene la palabra". No obstante, a renglón seguido señaló que "el obispado de Lérida los ha depositado, que no renunciado a la propiedad, en un consorcio, y debe una fidelidad a sus compañeros de viaje". "Hay un acuerdo con los consorciados -además del obispado, lo integran la Generalitat, el Consistorio y la Diputación ilerdenses y la Comarca del Segrià-, que es un impedimento para la total disponibilidad de los bienes por nuestra parte", admitió.

En cuanto a la próxima reunión de este órgano, que previsiblemente se convocará una vez se conozcan los argumentos de la Rota, insistió en que en ella "no puedo decir cosas diferentes de las que dice la Iglesia".

Otro aspecto "importante" son "las leyes de Cataluña sobre el tema", añadió el administrador apostólico. En este sentido, afirmó que "lo que cabe es llegar a algún tipo de acuerdo, de fórmula, que no sé cuál es, pero que respete las cosas como son, y ahí es donde estamos trabajando". "Hay que buscar la manera de reconducir el tema para hacer las cosas civilizadamente e intentar hallar una solución que sea posible para todos, porque además de nosotros aquí hay mucha gente implicada: las Comunidades Autónomas, los políticos, los pueblos, las sociedades…", añadió.

Respecto a la demanda civil presentada pocos días antes de conocerse el fallo de la Rota por la Asociación de Amigos del Museo de Lérida, indicó que el hecho de que se haya admitido a trámite "no quiere decir nada", aunque reconoció que la posibilidad de que se apruebe la próxima semana en el "Parlament" de Cataluña la moción presentada por CiU, que insta a no alcanzar ningún acuerdo hasta que se resuelva esta causa, supondría un nuevo "impedimento". En todo caso, "un acuerdo de un parlamento es un peso político para un gobierno, pero no es una ley", aseguró.

No obstante, Salinas hizo hincapié en que "estamos hablando de unos bienes de la Iglesia y hay un Concordato y un ordenamiento jurídico para resolver estos temas que no puede circunscribirse simplemente a su tratamiento civil, eso es algo fundamental".

Respecto a la postura beligerante que ha mantenido durante años el obispado ilerdense, con el anterior prelado Francesc Xavier Ciuraneta, respondió que "una cosa es obedecer y otra, cumplir sentencias". Preguntado sobre si el litigio, que dura ya diez años, verá un final a lo largo de este año, el administrador se limitó a decir: "No lo sé".

Biel: "Tenemos mala suerte"

Por otra parte, el vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, comentó ayer en Teruel que "los bienes son del obispado de Barbastro y por lo tanto Lérida debe devolverlos. Las autoridades catalanas no tendrían que interferir en la devolución porque, si lo hacen, habrá que concluir que -estoy hablando de las instituciones, no del pueblo- tenemos mala suerte con los vecinos que nos han tocado".