PSOE y PP reclamarán en la Eurocámara que se retome la TCP

«Es difícil, pero no imposible. Estamos trabajando ya para que la propuesta final de redes transeuropeas incluya lo que ahora falta». Las eurodiputadas aragonesas de PSOE y PP están sentando ya las bases para tratar de modificar la propuesta de la Comisión Europea de dejar la Travesía Central del Pirineo fuera de los proyectos transfronterizos financiables por la UE.

La eurodiputada zaragozana del PSOE, Inés Ayala, mantuvo este miércoles una reunión con el comisario de Transportes de la UE, Siim Kallas, en la que le trasladó, de parte del Ministerio de Fomento, que el Gobierno votará en contra del fondo de 21.700 millones de euros que se prevé habilitar entre 2014 y 2020 para este tipo de obras si no se cambia la propuesta actual y se incluye en el listado la reivindicación aragonesa.

Este fondo es esencial para Kallas, ya que lo considera el principal legado político que puede dejar de su actual etapa en la Comisión. Ayala anunció además todas las medidas parlamentarias que sean necesarias para defender la TCP.

La eurodiputada del PP, Verónica Lope, también zaragozana, ha anunciado ya su intención de enmendar en la Eurocámara cualquier propuesta que excluya la Travesía Central. Promoverá que se exija su inclusión en el informe que elabore la Comisión de Transportes sobre el acuerdo aprobado por el Colegio de Comisarios el pasado 29 de junio y que inicialmente deja fuera la TCP.

La Comisión Europea tomó esa decisión ante los evidentes límites presupuestarios, una vez que no es creíble que siguiese manteniendo el compromiso de financiar 30 grandes obras transfronterizas. Incluyó en el mapa de ejes financiables dos conexiones que implicaban a España: el enlace con Francia a través del País Vasco y el Corredor Mediterráneo (pero solo desde Valencia y no desde Algeciras, como reclaman las regiones implicadas). La sorpresa llegó porque excluyó la Travesía Central, que -a diferencia de la reivindicación levantina- sí había estado tradicionalmente aceptada por la UE.

Algunas fuentes apuntan a que Bruselas no tomó esta decisión unilateralmente sino que la pactó con el Ministerio de Fomento. Las repetidas afirmaciones de su titular, José Blanco, declarando el eje Mediterráneo «cuestión de Estado» y de «absoluta prioridad» apuntan también a esa tesis.

Sin embargo, desde el PSOE se mantiene que la decisión de la Comisión de dejar fuera la TCP de la propuesta inicial en ningún caso ha estado amparada por el Gobierno central y que de hecho ahora se ha puesto su inclusión como exigencia para que España apoye en fondo de 21.700 millones para financiar grandes infraestructuras.

Según plantean algunas fuentes, la Comisión tiene preparada una posible rectificación de su propuesta inicial, según la presión que se traslade desde España, pero tampoco iría a favor de los intereses de Aragón. En este sentido, se ha previsto calmar la presión levantina y de Blanco ampliando la parte del eje Mediterráneo reconocida por la UE. Si la Comisión ahora acepta financiar la línea entre Tarragona y Valencia, el planteamiento es que se acabe alargando el tramo financiable hasta Murcia.

La propuesta de la UE irá evolucionando a partir de septiembre. Ese mes se empieza a tramitar en la Eurocámara el acuerdo sobre perspectivas financieras, que es donde se ha plasmado la exclusión de la TCP. El trámite es lento. Primero, cada comisión tendrá que elaborar un informe con su posición. Ahí es donde PSOE y PP se comprometen a rechazar el listado si no está la TCP. Después, la Comisión analizará lo que proponga la Eurocámara y decidirá si mantiene o corrige el acuerdo.

El segundo asunto sobre la mesa es la propuesta específica de redes transeuropeas, que según se indica, será similar al mapa de ejes financiables que finalmente incluyan las perspectivas financieras.

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