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"NO TODO ES IMPRESCINDIBLE"

Preocupación en los partidos aragoneses tras el anuncio de Blanco de suprimir infraestructuras

El ministro presentará un plan para retrasar obras y desistir de otras. Inquietud por la N-232 y la Cuenca-Teruel.

El ministro de Fomento, José Blanco, explicó ayer sus planes ante el recorte presupuestario en una comparecencia en el Congreso.
Preocupación en los partidos aragoneses tras el anuncio de Blanco de suprimir infraestructuras
EFE

El ministro José Blanco anunció ayer su intención de sacar la tijera en el listado de proyectos de inversiones de Fomento y la mirada de muchos se situó en Aragón, que ya ha sido la Comunidad en la que el Gobierno central (que no Fomento) ha reducido más su inversión en los últimos ejercicios. "Todo lo que hay en el Plan Estratégico de Infraestructuras Terrestres no es imprescindible", avisó ayer el ministro durante una intervención en el pleno del Congreso. De hecho, confirmó su decisión asumida al principio de su mandato de actualizar el PEIT, aunque ahora parece que será mucho más restrictivo que antes. En Aragón pesó ayer un duro antecedente: en dos años, el Ejecutivo central ya ha reducido su inversión en esta Comunidad en un 23 %, mientras que en el resto de autonomías socialistas (y en varias del PP) ha aumentado.

 

El ministro, consciente de lo que viene ahora, explicó que "el ajuste no va a contentar a todos o probablemente a nadie". Detrás de estas palabras está la decisión de disminuir en 1.760 millones de euros el presupuesto de Fomento para obra pública.

En cuanto a las obras afectadas, el ministro prefirió ayer no desvelar sus cartas y previsiones, aunque sí indicó su interés por mantener la prioridad de las obras necesarias para el transporte de ferrocarril por mercancías, mientras que se retrasarían las actuaciones en carretera.

Se reunirá con las autonomías

Aunque Fomento será la que decida finalmente, fuentes del Ministerio explicaron ayer que convocarán una conferencia sectorial con las Comunidades Autónomas para procurar encarar el proceso con el mayor consenso posible. Aún no hay fecha para la reunión, aunque el ministro ya ha explicado que su intención es presentar un plan extraordinario este mes y tener prevista la actualización del PEIT en mayo como máximo.

 

Las principales preocupaciones en esta Comunidad se centran en la autovía Cuenca-Teruel, ya de por sí olvidada de facto por el Gobierno central, y en el desdoblamiento de la N-232. Menos miedo hay en torno a la autovía Huesca-Lérida y otras infraestructuras que están ya en un avanzado estado.

 

En cuanto a los partidos aragoneses, todos mostraron su preocupación y dudas respecto a la situación en que vaya a quedar Aragón tras este nuevo recorte.

 

El portavoz del PP, Eloy Suárez, denunció que "Aragón ya fue la Comunidad Autónoma gobernada por los socialistas peor tratada en los Presupuestos de 2010, por lo que esperamos desde el PP que, al menos, no sea también una de las más castigadas ahora". Suárez advirtió que "visto el servilismo de Marcelino Iglesias, mucho nos tememos que esas autovías tan necesarias sufrirán recortes".

 

Por su parte, el diputado de CHA, Bizén Fuster, explicó que "se supone que las nuevas obras no estarían afectadas por este recorte, lo que está en peligro y tiene que vigilar la DGA es las que ya están previstas para 2010". Fuster planteó la necesidad de vigilar el desdoblamiento de la N-232, el Canfranc, el ferrocarril a Teruel, las conexiones en Huesca, etc.

 

El diputado de IU, Adolfo Barrena, responsabilizó al Gobierno "porque no se atreven a recaudar más impuestos con una fiscalidad que grave las rentas altas y las sociedades de capital". Barrena sugirió al Ejecutivo que "en vez de recortar en Aragón, traiga a los soldados de Afganistán, que seguro que con esa factura se podrían vertebrar territorios".

 

Aunque también preocupado, el portavoz del PAR, Javier Allué, se mostró confiado en que el Gobierno aragonés sabrá defenderse bien. "La situación es diferente a anteriores revisiones de los planes de infraestructuras", explicó Allué. "Aragón cuenta ahora con un mecanismo, gracias a la bilateralidad impulsada por el PAR y por la vicepresidencia de la DGA, que obliga al Gobierno a contar con Aragón para tomar cualquier decisión". En concreto, se supone que el Ejecutivo ha asumido el compromiso de informar del grado de ejecución presupuestaria de 2009. Además, en teoría debe reunirse con la DGA para decidir qué obras prioriza en el Presupuesto de 2011. "Por nuestra parte hemos hecho los deberes, si no cumplen, tomaremos medidas", advirtió Allué.

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