Seis meses a partir de ahora para conseguir la gratuidad o, si la DGA no se suma, una rebaja considerable en los peajes para los camiones en la AP-68 y la AP-2. El secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, anunció ayer la disposición del Gobierno central a atender, al menos parcialmente, la reivindicación aragonesa de quitar el tráfico de camiones entre Alfajarín y Fraga en la N-II y Mallén y Figueruelas en la N-232. Eso sí, dejó claro que el "duro ajuste presupuestario" va a limitar su impacto y solo "si la DGA participa con nosotros" podrá garantizarse que los camiones abandonen la carretera convencional y y empiecen a circular por las dos autopistas.

Esta "colaboración" de la DGA que exige Fomento supone que deberá también pagar a las dos concesionarias. Además, si quieren que la medida sea efectiva (para garantizar un trasvase de tráficos es necesario que sea en la práctica gratuito o ser casi testimonial el pago) deberán aportar más dinero que en la negociación anterior.

Morlán planteó dos soluciones diferentes, según sean la N-232 o la N-II. Para la primera, el Ministerio propone exclusivamente la rebaja de los peajes para camiones. "Hay riesgos importantes para la seguridad vial y movilidad", reconoció Morlán para confirmar que "vamos a entrar en contacto con las concesionaria". "Hablaremos del porcentaje de reducción del peaje que corresponda, haremos un esfuerzo importante".

En cuanto a la N-II, indicó que "no es lo mismo, aunque lo parezca". "En esta autopista hemos avanzado la posibilidad de liberar hasta Pina en vez de Alfajarín y, después, a petición del alcalde de Candasnos, dar conexión a esa localidad con la autopista de peaje". Pero además plantea también para este tramo de la AP-2 "negociar con la concesionaria ante la posibilidad de reducir peajes para que el transporte de mercancías pase de la N-II a la autopista".

Donde no se mostró flexible Morlán fue en los plazos. Así, pese a haber partida presupuestaria, en ningún momento habló de la posibilidad de que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2011. De hecho, planteó que podría alargarse la negociación y el trámite administrativo al menos seis meses, justo hasta la campaña electoral.

Morlán hizo este anuncio tras reunirse con alcaldes afectados por las dos carreteras.