Las revisiones catastrales multiplican hasta por 10 el valor de los inmuebles

La crisis inmobiliaria que vive España comienza a toparse con un nuevo fenómeno: la revisión del catastro en decenas de municipios, sobre todo en la provincia de Zaragoza, y la inevitable subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esto ha generado un aluvión de protestas, tanto de vecinos como de los propios alcaldes, que critican el alto valor asignado al suelo.

No está clara cuál es la causa por la que estas revisiones, que dependen de la Dirección General del Catastro pero solicitan los propios ayuntamientos, se encuentran en plena efervescencia. En 2007, los nuevos valores entraron en vigor para 21 localidades. Este año, en 14. Para 2009 está previsto que suceda en el mismo número de municipios, aunque la cifra podría disminuir. Así, en solo tres años habrán actualizado su catastro 49 consistorios en la provincia, casi la misma cantidad (56) que lo hicieron en los seis primeros años de la década.

¿Qué ganan los ayuntamiento con un catastro actualizado? En primer lugar, orden. Este registro establece una relación fidedigna de todos los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, del término municipal, así como de su valor actual. La herramienta es ahora más útil que nunca, dado el gran desarrollo urbanístico que ha tenido lugar en los últimos años. De hecho, es muy frecuente que la revisión esté asociada a la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el correspondiente municipio.

Pero, además, sirve para actualizar el IBI que pagan los vecinos, que se había quedado desfasado. Hoy por hoy, todavía hay dos centenares de consistorios que realizaron la última valoración colectiva de bienes inmuebles urbanos en 1990 -cuando entró en vigor este impuesto- o antes. Es decir, su catastro lleva sin ser actualizado casi dos décadas. En teoría, es obligatoria en un plazo de 10 años.

Entre los municipios que ya han incumplido el plazo marcado por la legislación vigente están algunos de los más grandes de la provincia, comenzando por Zaragoza, que lo hizo por última vez en 1997. Así, Calatayud no lo actualiza desde 1996, Tarazona desde 1990 y Caspe desde 1989.

Lo cierto es que el fuerte aumento del IBI, al multiplicarse hasta por 10 -en condiciones de normalidad- el valor catastral de los suelos, genera también un gran desgaste político. Esto ha sucedido en 14 localidades este año: Almonacid de la Sierra, Aniñón, Cosuenda, Fuendetodos, Illueca, Lituénigo, Lumpiaque, Maella, Nuez de Ebro, Piedratajada, Quinto, Ricla, Uncastillo y Velilla de Ebro. En un periodo de recesión económica, las críticas vecinales han sido numerosas. En la localidad illuecana, por ejemplo, el pasado lunes se vivió un tenso pleno, con medio centenar de vecinos pidiendo explicaciones a la corporación. Esto mismo sucederá el año próximo en otros 14 municipios de la provincia, entre ellos La Almunia o Calatorao, donde está previsto que entre en vigor la revisión del catastro.

En algunos casos, las subidas en las facturas son desorbitadas, sobre todo cuando están asociadas a un cambio en la clasificación del suelo (cuando pasa de rústico a urbanizable). Por lo general, rondan desde el 25% hasta el 50% del importe pagado en 2007.

Más ingresos

Con la actualización del catastro, los ayuntamientos recibirán una significativa inyección económica: del 15% más de ingresos en concepto de IBI que percibirán Cosuenda o Illueca al triple que llegarán a las arcas de Nuez: de 100.000 a 300.000 euros, según asegura el Ayuntamiento nuecino.

Pero no solo son los propietarios los que han levantado la voz. También lo han hecho, aunque parezca paradójico, los mismos alcaldes. Muchos regidores lamentan la falta de información y su escasa capacidad de maniobra. Por lo general, todos aseguran que el año próximo reducirán el tipo impositivo para aminorar la presión fiscal sobre los habitantes. La mayoría repite una y otra vez que no quiere elevar los impuestos.

El tipo, que por la Ley de Haciendas Locales debe oscilar -salvo excepciones- entre el 0,4% y el 1,1% para el suelo urbano, varía mucho de un lugar a otro: Lituénigo aplica un 0,5%, casi la mitad que Velilla de Ebro (0,98%).

Otros hacen propuestas: "Deberían establecer una fórmula intermedia para las zonas urbanizables, por las que se paga como urbano", dice el alcalde de Maella, Antonio Tudó. "Nuestro terreno no puede tener el mismo valor catrastral que el de Zaragoza", añade. "El suelo urbanizable, por definición, no tiene servicios. Entonces ¿por qué se equipara al urbano en la factura del IBI?, se pregunta el primer edil de Almonacid de la Sierra, Francisco Compés. "Nos tendrían que haber dejado bajar el tipo este año. Los 14 municipios tenemos el mismo problema, algo no han debido de explicar bien", critica José Luis Almorín, de Nuez de Ebro.

Finalmente, también hay ediles satisfechos. "Desde los 90 no habíamos actualizado el catastro, estábamos obligados a hacerlo", asegura el regidor illuecano, Fernando Escribano. "Llevamos muchos años solicitándolo, y por fin lo tenemos. Ha funcionado bien", corrobora el alcalde de Cosuenda, Óscar Lorente.