En una comunidad en la que casi el 15,5% de la población supera los 70 años, el servicio de ayuda a domicilio se convierte en una prestación fundamental para que los más mayores mantengan su calidad de vida y puedan seguir viviendo en sus hogares. En todo Aragón los ayuntamientos y comarcas la prestan a 12.067 personas de más de 65 años, según los últimos datos que maneja el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Aunque en los últimos cinco años el número de beneficiarios atendidos por una administración pública ha crecido un 40%, pasando de 8.648 a 12.067, el número de plazas se queda corto.

El caso más flagrante de lista de espera es Zaragoza. El Ayuntamiento reconoce que en esta situación están 5.500 familias o ancianos que viven solos. El teniente de alcalde y responsable de Acción Social del consistorio zaragozano, Fernando Gimeno, se ha comprometido a darle un “buen impulso” en este 2009 y terminar con los problemas a finales de esta legislatura. En Teruel el consistorio ha dado una solución al medio centenar de casos que estaban pendientes a finales del año pasado. En Huesca hay unas 300 personas que la reciben y, según la concejal de servicios sociales Flor Ardanuy, no existen esperas.

Las comarcas no son una excepción, aunque las cifras no son tan llamativas. En el Alto Gállego, por ejemplo, personal propio de la entidad atiende a 168 unidades familiares, entre los que hay situaciones de distintos grados de dependencia. Además hay 30 solicitudes pendientes de resolverse.

En estos momentos la ayuda a domicilio, aunque se presta, no es un recurso disponible en el sistema de dependencia. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se ha marcado de plazo este año para unificar criterios y precios en todo el territorio de la comunidad para poder incorporarla.

La principal dificultad, como reconoce el director gerente del IASS, Juan Carlos Castro, radica en que conviven diferentes modelos y resulta complejo unificarlos. “Trabajamos sobre situaciones que ya están creadas. Las comarcas tienen sus propios criterios y sistemas de dar la ayuda, con empresas privadas, con personal propio o a través de cooperativas”, explica. Para ello se han creado cuatro grupos de trabajo, uno por cada provincia y un cuarto con el consistorio zaragozano. “El objetivo es a final de año saber con exactitud las personas dependientes que tienen derecho a este servicio y el coste real”, recalca Castro.

¿Se acabarán así las listas de espera? “No me atrevo a decir nada, conforme se vayan incorporando nuevos grados de dependencia (su implantación se prevé hasta 2015) espero que sí”, contesta el director gerente del IASS. Además, aunque el año pasado el Instituto de Servicios Sociales destinó unos 4 millones de euros a financiar la ayuda a domicilio, el presupuesto, se quejan desde las entidades comarcales, también resulta insuficiente.

Como ha ocurrido en otros aspectos de la Ley de la Dependencia, también en este hay diferencias acusadas en el ritmo de aplicación. Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Galicia ya contemplan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia la ayuda a domicilio. Aragón por ahora no, al igual que Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Cantabria, Canarias e Islas Baleares.