POLÍTICA/ARAGÓN

Las Cortes de Aragón aprueban por unanimidad la ley de apoyo a las víctimas del terrorismo

El consenso fue la característica más celebrada de esta ley, algo que quedó plasmado al finalizar la votación, cuando en una reacción sin precedentes todos los diputados se levantaron de sus escaños y rompieron a aplaudir

Las Cortes de Aragón, una de las comunidades autónomas más castigadas por el terrorismo, ha aprobado por unanimidad una Ley de medidas a favor de las víctimas del terrorismo, con la que se les rinde un homenaje y se expresa su reconocimiento.


El consenso fue la característica más celebrada de esta ley, algo que quedó plasmado al finalizar la votación, cuando en una reacción sin precedentes todos los diputados se levantaron de sus escaños y rompieron a aplaudir mirando a la tribuna de público, desde la que cuatro representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Aragón seguían la sesión.


"Nunca fue tan elocuente la explicación de voto", dijo el presidente de la Cámara, Francisco Pina, al agradecer sus aplausos a los parlamentarios de los cinco grupos de la cámara, PSOE, PP, PAR, CHA e IU.


La nueva norma, que llegó a su debate en el pleno sin enmiendas vivas, lo que da idea del grado de entendimiento de los cinco grupos, prevé la reparación de daños materiales, atención sanitaria, psicológica o psicosocial y ayudas en el ámbito de la enseñanza, la vivienda y del empleo.


Tras la votación, uno de los miembros de la AVT, Pascual Grasa, mostró a los medios de comunicación su satisfacción y dio las gracias a todos los diputados, pero especialmente a los del PP, grupo que presentó la proposición que hoy ya tiene rango de ley.


Grasa estimó que este apoyo normativo a las víctimas era una deuda pendiente en Aragón y es precisamente el reconocimiento "en toda su extensión" que se les presta lo más positivo de la ley.

Solidaridad aragonesa


La ley, se reconoce en su exposición de motivos, pretende plasmar la solidaridad de los aragoneses con las víctimas, así como la obligación de toda la sociedad de cooperar en la reparación de los daños que ocasionan unas violentas minorías, "de modo que las víctimas no vean agravada su condición por otras dificultades que les impidan mantener una vida digna".


Aunque las prestaciones materiales no pretenden sustituir el dolor padecido por las víctimas, sí se que apuesta por desarrollar una política asistencial que pretenda evitar lo que se ha llamado la "doble victimización" que se deriva de dejar a las víctimas en el abandono sin dar respuesta a sus necesidades.


Todos los portavoces coincidieron en señalar que Aragón ha sido una Comunidad tradicionalmente castigada por el terrorismo y que sus instituciones públicas tenían una deuda con ellas, que hoy se salda.


También incidieron en el consenso como valor fundamental y ejemplificador de la necesidad unidad frente a los violentos.


El diputado socialista Carlos Tomás incidió en que ninguna ley puede paliar la "amargura" que sienten las víctimas del terrorismo pero la unanimidad conseguida hoy es el mejor modo de expresar el reconocimiento y apoyo de los partidos políticos.


Por su parte, Antonio Suárez, del PP, incidió en que hoy es un gran día para Aragón, para las víctimas y también para el PP, porque se cumple uno de los compromisos que tenía con los ciudadanos.


Con el reconocimiento a sus víctimas, agregó, Aragón demuestra que es "una autonomía de primera, de primerísima división" con una ley que apoya a las víctimas, que son el mejor exponente de una sociedad "decidida a no consentir que nadie subvierta los valores de democracia, tolerancia y libertad".


Javier Allué (PAR) apuntó que las dos premisas que han guiado al PAR en el trámite de esta ley son la solidaridad íntegra con las víctimas y sus familiares y la ocasión que supone para hacer un nuevo llamamiento a la unidad en la lucha antiterrorista.


El diputado de CHA Chesús Bernal también incidió en que ésta es una ocasión para mostrar la solidaridad de los poderes públicos y agradeció que Aragón se una a las autonomías que ya habían aprobado normas como ésta.


Y Adolfo Barrena (IU) hizo hincapié en que es obligación de las instituciones poner en marcha mecanismos que ayuden en lo posible a que la vida de estas personas continúe en las mejores condiciones posibles.