Las actividades culturales del pabellón de la ciudad se hicieron sin estar aprobadas

El Tribunal de Cuentas ha detectado diversas deficiencias en la gestión que hicieron tanto la sociedad Zaragoza Cultural como Zaragoza Vivienda del pabellón que tuvo la capital aragonesa en la Expo 2008. Entre ellas destaca que el programa y el presupuesto para las actividades culturales no contaron nunca con un acuerdo de aprobación ni de la sociedad municipal ni del gobierno de la ciudad.

Lo llamativo de este asunto es que los expedientes fueron elaborados e informados favorablemente por el interventor de la época e incluso llegaron a debatirse en el consejo de administración de Zaragoza Cultural del 18 de mayo de 2008. Pero no llegaron a aprobarse al no estar incluidos en el orden del día.

Sin publicidad ni concurrencia

El informe del Tribunal de Cuentas cita un convenio con la asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza para que la entidad gestionara la cafetería y el bar de tapas que había en el pabellón. Según el documento, ese convenio "fue celebrado sin aplicación a los principios de publicidad y concurrencia". El convenio preveía que los beneficios que obtuviera entidad se destinaran a un fin social.

Fueron para el centro de formación de la asociación, que tenía previsto dar atención a trabajadores inmigrantes. Pero como esos fines ya estaban previstos por la propia asociación, el Tribunal de Cuentas considera que se trata de una subvención que no cumple los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa.

Respecto a Zaragoza Vivienda, el Tribunal destaca que "no constaba ningún documento en el que se acordaran las condiciones en las que se había de desarrollar el mandato de gestión", que consistía en la ejecución de las obras de arquitectura interior, instalaciones y decoración. Hubo tres contratos. Uno, el del la maqueta del pabellón, fue en un procedimiento negociado sin publicidad, sin que se adjuntaran ofertas de otras empresas que debían ser consultadas. Los otros dos contratos se desarrollaron por la vía de urgencia, sin que esta se motivase, tal y como exige la ley.

El Tribunal de Cuentas dice que faltan en estos contratos las actas de recepción de obras y los informes relativos a la realización del objeto de los contratos de consultoría y asistencia, que además "deberían estar firmados por el interventor del Ayuntamiento".