La nómina de los funcionarios se recorta por ley una media del 5% desde julio

Las Cortes de Aragón han dado luz verde a la ley de modificación de los presupuestos de 2010, por la que se aprueba una bajada del sueldo de los funcionarios y empleados públicos en una media del 5 por ciento, que se hará efectiva en la próxima nómina de julio.

La Cámara aragonesa ha votado, claramente dividida, este proyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 7 de junio en cumplimiento del real decreto ley del Ejecutivo central para contener el déficit público, ya que sólo ha sido apoyado por el PSOE y, a regañadientes, por su socio de Gobierno, el PAR, mientras que PP, CHA e IU han votado en contra.

En nombre del Gobierno, el consejero de Presidencia, Javier Velasco, ha defendido el proyecto de ley, que se ha tramitado por la vía de urgencia y en lectura única, es decir, sin ofrecer la posibilidad a la oposición de presentar enmiendas, lo que ha sido criticado duramente por los portavoces de la oposición, quienes han censurado la falta de voluntad de diálogo del Ejecutivo autonómico.

Velasco ha reconocido que con este ajuste en el sueldo de los empleados públicos (altos cargos, personal directivo, funcionario, laboral, eventual y estatutario, personal de cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia y de las empresas públicas de la Comunidad) se pide un "esfuerzo" y un "sacrificio", pero necesario para contener el déficit y sentar las bases de un futuro crecimiento, en un contexto de crisis global y generalizada.

La bajada de sueldos, que generará un ahorro aproximado de 158 millones de euros desde el 1 de junio de 2010 hasta diciembre de 2011, es según Velasco, "universal" (incluidos los profesores de la enseñanza concertada) y "progresiva", pero no afectará a los empleados públicos cuyas retribuciones sean inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.

El Gobierno de Aragón, no obstante, sigue apostando por mantener el "espíritu de diálogo" y de "negociación colectiva" y por promulgar la Ley del Empleo Público que perfile una administración moderna y acorde con el momento actual.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, ha lamentado que se pida un esfuerzo y solidaridad a los funcionarios y el Ejecutivo no recorte otros gastos "absolutamente prescindibles" relacionados con la "maquinaria electoral" del Pignatelli, como asesores, publicidad y protocolo.

"Ustedes predican solidaridad pero con el dinero de los demás", ha lamentado Suárez, quien se ha preguntado por qué Aragón tiene que hacer un esfuerzo "adicional" que otras comunidades "más ricas" y cuando Rodríguez Zapatero ya ha "machacado" suficientemente a la Comunidad en los últimos años.

Nieves Ibeas (CHA) ha coincidido en que Aragón, si es verdad que tiene mejores indicadores que otras autonomías, no debería de realizar el mismo esfuerzo, puesto que ya ha sido castigada por el Gobierno central en la financiación autonómica, en el pacto sobre las mermas tributarias o en el descenso de la inversión pública, de 23 puntos en los dos últimos ejercicios presupuestarios.

Han "saltado por los aires" la confianza y el consenso pero, además, es "injusto y repugnante" que mientras se aprueban estos recortes, para colectivos con salarios "moderados o claramente bajos" y se "hurta el derecho a negociar" a los funcionarios, las grandes fortunas, bancos y cajas siguen actuando en paraísos fiscales, blanqueando capitales y ganando miles de millones".

Adolfo Barrena (IU) ha cargado contra la política neoliberal y de derechas que aplica el PSOE, a quien ha pedido que "reconstruya la alianza con la izquierda" y que retome a políticas "más sociales", porque la ciudadanía está "harta" de ver que la crisis la pagan quienes no la han provocado, mientras los que sí lo han hecho "se ríen y se llenan los bolsillos".

A su juicio, el PSOE respalda el mensaje falso del neoliberalismo de que "no hay otro remedio", cuando sí que lo hay, con alternativas "más sociales, solidarias y justas", siempre que se opte por "abrir el abanico hacia el otro lado".

El portavoz del PAR, Javier Allué, ha reconocido que el decreto del Gobierno central "llega tarde" y es "injusto", porque los principales afectados no tienen claro que "todo el mundo esté llamado a esta especie de escote general", y ha dicho que el recorte salarial "quizá podría haberse evitado" con otras políticas aplicadas cuando se estaba "empezando a ver venir las cosas".

Entre ellas, por ejemplo, evitando el cheque bebé o el desconcierto generado con el Plan E de inversión local.

Aragón "no tendría por qué pagar los platos rotos de la gestión de otros", pero aún con todo, ha justificado su apoyo al proyecto de ley en su condición de partido que apoya a un Gobierno que debe de cumplir la normativa básica estatal, que es de "obligada aplicación" a los servicios públicos de las comunidades autónomas.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Carlos Tomás, ha insistido en pedir un ejercicio de responsabilidad y aunque ha reconocido que las medidas son "impopulares", las ha justificado en la necesidad de superar la crisis.