La Fiscalía denuncia ante el juez las iniciativas urbanísticas en Castanesa

La Fiscalía de Huesca va a denunciar ante el Juzgado de Barbastro las operaciones urbanísticas desarrolladas por el Ayuntamiento de Montanuy y por Aramón para la creación de la estación de esquí de Castanesa. Después de estudiar diversa documentación, el fiscal entiende que existen indicios de delito, por lo que ha decidido "ratificar" y asumir la denuncia presentada el verano pasado por la asociación Naturaleza Rural. Ahora será el juez quien instruya la investigación y establezca posibles responsabilidades penales.

El alcalde de Montanuy, Juan María Argullana, replicó que fue el Ayuntamiento "quien buscó a Aramón, y les vamos reclasificar suelo con cargas muy importantes que hubieran hecho desistir a cualquier empresa privada".

La asociación Naturaleza Rural, que agrupa a una veintena de vecinos del valle de Castanesa, envió en julio de 2007 un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el que se denunciaban actuaciones del Consistorio de Montanuy relacionadas con la estación que el grupo aragonés pretende instalar en la zona. El órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas archivó el asunto, pero remitió la documentación a la Fiscalía de Huesca "por si fuera procedente ejercer acciones penales".

Esta última instancia abrió diligencias informativas en septiembre, y ahora ha decidido llevar el caso al Juzgado para que sea el juez quien instruya la investigación y aclare si alguna de las partes pudo cometer algún delito.

Según confirmaron fuentes de la propia Fiscalía de Huesca, lo que se ha hecho ha sido "ratificar" la denuncia de Naturaleza Rural. "Aunque ya se han solicitado algunas pruebas documentales, ahora se pedirán otras y se llamará a declarar al denunciante (Manel Badía, representante de la asociación) -explicaron-. Eso permitirá concretar los términos de la denuncia, porque ahora está formulada de forma genérica".

Puntos que deben aclararse

Las mismas fuentes reconocieron que parte de las actuaciones cuestionadas tienen que ver con el Derecho Administrativo, no con el Penal, y subrayaron que de momento no hay imputados. No obstante, también detallaron algunos de los aspectos que deberán investigarse. "Habrá que ver si Aramón pudo especular con los terrenos, si alguien pudo tener información privilegiada, si se presionó a los propietarios para que los vendieran…", indicaron.

La denuncia presentada por la asociación Naturaleza Rural critica, en primer lugar, el convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento y Montañas de Aragón. El acuerdo, suscrito en mayo de 2005, comprometió al Consistorio a clasificar como suelo urbanizable residencial los terrenos que el grupo aragonés de la nieve y otros particulares aporten a la futura estación de Castanesa. A cambio, la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja se obligó a encargar y costear el nuevo Plan General (PGOU) de la localidad y a reinvertir en la futura estación todas las plusvalías que obtenga por esos suelos.

Para los denunciantes, el convenio conlleva "una recalificación a la carta", y además supone que la empresa Castanesa Nieve S. L., constituida por Aramón y el Consistorio, "asume facultades propias de la potestad de planeamiento que corresponde en exclusiva al municipio". "Se traslada a una sociedad privada la iniciativa de decidir qué fincas son urbanizables, cuándo van a serlo y qué precios tendrán", aseguran.

Otro de los puntos de la denuncia recuerda que meses antes de que se firmara el convenio aparecieron en prensa varias informaciones que explicaban "sin ningún tipo de reparo" que el grupo aragonés de la nieve había firmado opciones de compra sobre unos terrenos que más adelante iban a ser reclasificados. "Es esa operación estaba claro que Aramón (…) tenía también la seguridad de que el Ayuntamiento los iba a recalificar a urbanos en el nuevo PGOU", denuncia Naturaleza Rural, quien se pregunta irónicamente "cómo debería tipificarse eso".

El colectivo que ha puesto estas actuaciones en conocimiento de la Fiscalía también menciona "todo tipo de presiones" sobre los dueños de las fincas afectadas. Por último incluye en su denuncia la aprobación provisional del PGOU por parte del Ayuntamiento, que a su juicio fue ilegal porque el alcalde de Montanuy, el socialista José María Agullana, y la teniente de alcalde, Natividad Cereza, deberían haberse ausentado de la votación por tener intereses en juego.

Los denunciantes aseguran tener "indicios contrastables" del enriquecimiento personal de esos dos ediles, y aunque reconocen que en un municipio pequeño es normal que las recalificaciones afecten a concejales, creen que "en este caso sobrepasan la medida de lo equitativo y lógico".

Reacciones

Fuentes oficiales del grupo Aramón prefirieron no pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía de Huesca, aunque intentaron desvincularse de ella asegurando que la denuncia presentada por la asociación Naturaleza Rural estaba planteada "contra el Ayuntamiento de Montanuy". Mientras, el Gobierno de Aragón dijo conocer la noticia, pero también optó por no valorarla indicando en cualquier caso "su absoluto respeto por las decisiones judiciales".

Por su parte, el alcalde de Montanuy reiteró una vez más que tiene "la conciencia muy tranquila". José María Agullana aseguró que "nadie" le ha comunicado "nada" al respecto, pero insistió en que "lo único" que ha hecho ha sido "trabajar por el desarrollo del valle y del municipio".

"Nosotros fuimos a buscar a Aramón, no al revés, y es verdad que les vamos a reclasificar unos suelos, pero con unas cargas por hectárea muy importantes y con el compromiso de reinvertir las plusvalías en la estación -destacó Agullana-. No sé qué ha decidido el fiscal, pero no creo que hayamos cometido ningún delito".

El primer edil de Montanuy aseguró que las cargas impuestas a Aramón "hubieran hecho desistir a cualquier otra empresa privada", y volvió a criticar a la asociación Naturaleza Rural por oponerse "no solo a la estación de esquí, sino a todo por sistema".