De ocho a seis meses. Aragón quiere reducir antes de finales de año el plazo medio de tramitación de los expedientes de ayudas a la dependencia y evitar así que beneficiarios de la ley fallezcan antes de recibir las prestaciones. Así lo aseguró ayer la consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, quien se mostró confiada en poder lograr el "reto" acordado recientemente en el Consejo Interterritorial en el que están representadas todas las comunidades autónomas.

Según explicó Fernández, Aragón ya se encuentra en "una media alta" en el conjunto del país, pero pretende seguir mejorando. Si ahora se tardan ocho meses entre el inicio de las valoraciones hasta la recepción de las prestaciones -cuando en otras regiones el plazo se demora hasta 15- el objetivo es dejar ese proceso en medio año.

No obstante, no concretó qué medidas se implantarán en los próximos meses para intentar acelerar la atención a las personas dependientes y si se reforzará el personal dedicado al proceso administrativo. Decisiones que en todo caso tendrían un coste económico, difícil de asumir con la perspectiva de unos presupuestos restrictivos para 2011.

A este respecto, la consejera garantizó que los recortes presupuestarios derivados de la crisis económica "no afectarán a los programas de atención directa a los ciudadanos". "El próximo año haremos todos los ajustes que nos pidan por parte del Gobierno -explicó- pero la atención directa a los ciudadanos la vamos a seguir manteniendo como hasta ahora".

"Recortaremos en otras cuestiones, pero no en esta", insistió la socialista, que quiso dejar claro que los servicios sociales han sido "una prioridad" del actual Ejecutivo PSOE-PAR.

Para ratificar esta afirmación, Fernández hizo balance de la aplicación de la ley en la comunidad y puso datos sobre la mesa. Aseguró que a fecha de ayer, estaban recibiendo las prestaciones el 80% de los ciudadanos con derecho a obtenerlas. Según dijo, un total de 23.047 personas ya están cobrando las ayudas, ya sea para el cuidado por parte de un familiar o para atención residencial o en un centro de día.

La consejera de Servicios Sociales hizo estas declaraciones tras recoger de manos del presidente de la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, dos certificados de buenas prácticas en la aplicación de la normativa. Ambos documentos reconocen, por un lado, la utilidad y calidad de los materiales elaborados por el Departamento para la formación de cuidadores no profesionales, así como la coordinación que se ha llevado a cabo entre la Consejería y otras áreas del Ejecutivo autonómico, como las de Sanidad y Consumo y Educación, Cultura y Deporte a la hora de poner en marcha la ley de la dependencia.