No habrá subida de impuestos por parte de la DGA. El Gobierno aragonés aseguró ayer que mantendrá este compromiso electoral, el de no elevar la presión fiscal, el mismo día en que el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, confirmaba que aplicará una subida del 5% del IRPF en el tramo autonómico para las rentas más altas, todas aquellas que superen los 100.000 euros anuales.

La DGA destaca que la situación es diferente de la de Cataluña, ya que el ahorro de gastos en la Comunidad permite mantener la actual política fiscal. Ese ajuste se evidencia en las cifras del último presupuesto del Ejecutivo PSOE-PAR que, por primera vez, fue menor en su cifra global que el del año anterior, bajando un 2%. No fue ese el comportamiento seguido en otras autonomías. En Cataluña, los presupuestos para 2010 mantuvieron la tendencia alcista y se incrementaron alrededor de un 6%, mientras que la Comunidad Valenciana se llegó al 8%. La conclusión de la DGA es que aquí se han hecho "los deberes".

"Ahora no tenemos necesidad de elevar la presión fiscal" señalaron fuentes de la DGA. Aseguran que no hay tampoco ni propuestas ni estudios en este sentido. No obstante, las mismas fuentes advirtieron que "vamos a ver qué pasa en un mes", aludiendo a la actual situación de incertidumbre.

Medida inédita

La Comunidad no ha incrementado nunca la presión fiscal y tampoco ha hecho hasta ahora grandes modificaciones en relación a su potestad tributaria, aparte de un conjunto de deducciones por cuestiones como familias numerosas o la adquisición de vivienda.

La última modificación de importancia, con fecha de 1 de enero de 2009, fue la exención para las donaciones de hasta 300.000 euros que está sujeta a una serie de condiciones formales. En muchas comunidades no existe impuestos sobre sucesiones y en otras tampoco tributa la herencia de empresas familiares, que en Aragón lo hace a un tipo del 1%. El sistema tributario aragonés cuenta también con tres tributos medioambientales que no existen en otras comunidades.

Lo que sí hizo el consejero de Economía, Alberto Larraz, fue presentar el pasado mes de marzo al Ministerio de Economía y Hacienda un plan de reequilibrio de la Comunidad que contempla la revisión de tasas y precios públicos y la mejora en la gestión tributaria en aras a una mayor eficiencia y que fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Está previsto que el próximo Consejo, que se reunirá a mediados del próximo mes de junio, defina el alcance para las administraciones autonómicas y locales de las medidas de ajuste que se están poniendo encima de la mesa durante estos días.

En Cataluña, el anunciado incremento del IRPF para las rentas más altas responde a una petición de los socios de gobierno del PSC, ERC e ICV. A pesar de esta decisión, Montilla recordó ayer que ya se aprobó un paquete de medidas de ajuste en abril de 2008. Hay que recordar que la deuda de esa comunidad autónoma supera los 24.000 millones de euros.

No es previsible que la situación de las administraciones públicas mejore a corto plazo, sino al contrario. De hecho, según la opinión generalizada de los expertos, tanto la rebaja del 5% de media de los salarios de los funcionarios como la subida del IVA en dos puntos desde el próximo mes de julio van a provocar un decrecimiento del consumo y de la economía, algo que ha asumido el propio Gobierno del Estado y que repercutirá negativamente en las cantidades recaudadas por las administraciones.

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