La DGA infla hasta 511 millones el pacto de la deuda frente a los 269 del Estado

Sin sorpresas. Las tasaciones definitivas del acuerdo de las mermas, en el que Aragón perdona otros 300 millones, constatan que el Gobierno de Aragón sigue utilizando edificios de la Expo (muchos de ellos con valor cero porque han sido cedidos a entidades financieras por 1 euro o porque no se pueden vender) para justificar el "excelente" pacto alcanzado con el Estado para solventar un conflicto enquistado durante años. De esta forma, las cifras autonómicas finales distan de las del Estado en unos 240 millones de euros. La DGA vende un acuerdo valorado en 511 millones de euros frente a los 269 del Estado.

El contencioso mantenido con el Gobierno central dejó la reclamación de Aragón en 592 millones (en 2007) y nunca se actualizó. El Ejecutivo autonómico -pese a perdonar un cuantioso montante de millones- dio por finiquitado hace una semana el acuerdo y retiró ya hace unos meses el pleito con Madrid (era una condición del acuerdo). Pero ¿cuáles son los términos según la visión del Departamento de Economía y Hacienda? El informe del Gobierno de Aragón, basado en tasaciones de los servicios de Patrimonio del Ejecutivo autonómico, del Estado y empresas externas, certifica que las diferencias residen únicamente en las valoraciones del recinto de Ranillas.

Aragón lo sobrevalora y cuantifica la Expo en 416,2 millones de euros frente los 174,2 del Gobierno central. Para eso, en el mismo paquete mete el parque empresarial (155 millones de euros), el edificio de oficinas (8,5), la planta fotovoltaica (6,9), el edificio de climatización (21,1), la Torre del Agua (53,5), el Pabellón Puente (87,5) y distintas parcelas (6), entre otros. La DGA se escuda en el valor contable de estos activos y no en el de mercado para hinchar el resultado final, pero lo cierto es que el propio Tribunal de Cuentas advirtió de que buena parte de los edificios de la muestra "carecerían de valor por no poderse enajenar". La DGA solo reconoce que están amortizados y tienen "valor de realización futuro".

En esta situación, por ejemplo, se encontrarían la Torre del Agua y el Pabellón Puente, que entre los dos -según los valores de la DGA- suman 141 millones. Pero las arcas autonómicas no podrían obtener ningún beneficio porque se han cedido a CAI e Ibercaja, respectivamente, por un euro. Lo mismo ocurre con el edificio de las oficinas de construcción de la Expo (1,9 millones), que se han readaptado en un instituto público. De este paquete prácticamente solo podrían enajenarse las parcelas situadas en el paseo de la Noria y la avenida de Ranillas y las plantas fotovoltaicas (6,9 millones).

Además de estos bienes, el acuerdo de las mermas también incluye 31,2 millones del Estado, que aportó en la ampliación de capital de mayo para dejar la sociedad Expoagua a cero. Actualmente, el Gobierno de Aragón es el socio mayoritario (98%).

Más allá de la Expo, el resto de activos no plantean ninguna discrepancia respecto a su valor. En esos casos, el Gobierno de Aragón asume las mismas tasaciones que el Estado y estima en 96 millones el importe de todos. Sin distinguir tipo de valores como en el recinto de la muestra.

Todos estos activos se encuentran actualmente en fase de inscripción en el registro a nombre de la Comunidad Autónoma. El dictamen del Consejo de Estado, no obstante, vaticinaba problemas legales para la DGA puesto que la propiedad de algunos no estaba clara. Era el caso de La Caridad o el pueblo de Búbal, en el Pirineo.

La Caridad, para pagar un crédito

El primero consta en el catastro a nombre de la Fundación La Caridad, de la que es patrón el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, en el documento autonómico se aclara que el solar sobre el que se levanta en la calle de Moret se entregó -además del edificio de la Escuela de Artes y el Museo Artístico- como "compensación del crédito concedido por el Estado" al Ayuntamiento de la ciudad para sufragar la conmemoración del Centenario de Los Sitios. Y pertenece, por tanto, a la Administración General del Estado desde el 11 de julio de 1911. Ahora pasará a manos de la DGA. Igual que el Pueblo de Búbal.

En este caso, no queda claro cómo se resuelve el conflicto que advierte el Consejo de Estado. Fue expropiado para hacer un pantano, pero como se expropió más terreno del previsto, los suelos que sobraban se utilizaron para actividades del Ministerio de Educación. El dictamen de Madrid avisa que al traspasar la propiedad a otra administración "podría dar lugar al nacimiento del derecho de reversión a favor de antiguos titulares". Algo similar ocurre con los suelos sobrantes en Villanueva de Gállego. Allí, la DGA podrá construir 15.000 VPO.

En los terrenos de la calle de Castillo de Javier, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, el Estado también señaló que había suelos pertenecientes al Ayuntamiento. No obstante, la DGA solo explica que existía un usufructo a favor de la Congregación de Religiosas de Nuestra Señora del Pilar, que ya expiró. Y, aunque fueron a los tribunales, finalmente estos le dieron la razón al Estado que "consolidó el pleno dominio sobre el inmueble" (el convento). A todos estos activos, hay que añadir las sedes del Banco de España en Huesca y Teruel, unas fincas en el barrio de Casablanca y unos locales en Fernando el Católico de Zaragoza. Además, hasta marzo de 2011, la DGA y el Estado negociarán el traspaso de 10 parques de maquinaria y 120 casas del personal, distribuidas por todo el territorio, para venderlos o hacer vivienda protegida. Están pendientes de ser valorados.