Zaragoza. Sería ciertamente extraño que alguien dejase su herencia al Gobierno de Aragón o a Hacienda. Pero no es tan inusual que alguien fallezca sin familiares directos y sea la Comunidad la que pase a gestionar sus bienes. Son las herencias abintestato, que se reciben cuando el fallecido es aragonés, no ha otorgado testamento y no tiene herederos legales (es decir, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad).

Desde el año 2000, la DGA ha heredado de esta forma 2.897.374 euros, que pertenecieron a 97 personas. No obstante, la Comunidad tiene competencias en este sentido desde 1995 y los primeros casos comenzaron a recibirse en 1997. En este tiempo, a la cantidad anterior habría que sumar 21 millones de euros que llegaron de un solo donante, Elías Santiago, un hombre que, contra todo pronóstico, llevaba una vida sobria y muy humilde en Zaragoza. Este dinero se invirtió en el centro de mayores de Torrero que lleva su nombre.

Los últimos expedientes que se han resuelto -entre 2007 y octubre de 2008- ascienden a 981.670,03 euros y más de la mitad (503.078,61) proceden solo de dos herencias. Este dinero es siempre derivado a establecimientos de asistencia social de la comunidad y, normalmente, el legado se vende en subasta pública, aunque pueden librarse de la enajenación los bienes que, como tales, son aptos para fines de asistencia social o los que pueden tener interés científico, histórico, artístico, aunque nunca se ha dado este caso.

En concreto, entre 2007 y 2008 se han enajenado en Zaragoza una plaza de garaje en la calle de Capitán Esponera -se adjudicó por 58.306 euros- y un piso en San Vicente de Paúl -por 209.651 euros-. También una finca rústica en Fraga -10.714 euros- y otra vivienda en Bujaraloz -11.500 euros-. Quedaron fuera del reparto tres viviendas de Zaragoza que pasaron al IASS para ser utilizadas como pisos tutelados y una finca que se adscribió a Medio Ambiente.

¿Cómo se reparte?

Todos estos bienes deben seguir un proceso limpio y que garantice el mejor de los destinos. Uno de los requisitos que se intenta cumplir es que la inversión vaya destinada a algún proyecto en la localidad en la que residía el fallecido.

Además, hay un organismo encargado de repartir las aportaciones, que es la Junta Distribuidora, y que está integrada por responsables de Patrimonio Cultural, Servicios Jurídicos, Bienestar Social, Inmigración Social y Salud. Está presidida por el consejero de Economía y aunque antes se reunía para hacer repartos con carácter anual, ahora es bianual. Esta junta solo puede asignar recursos a proyectos concretos y siempre que quienes los soliciten no reciban ayudas de otros organismos.

En concreto, a la última reunión de octubre de 2008 se presentaron 65 establecimientos de acción social, 5 de Teruel, 14 de Huesca y 46 de Zaragoza. Dos se excluyeron del reparto por no reunir los requisitos y, finalmente, se acordó financiar los proyectos de 34 de ellos. Entre los más agraciados han estado Atades, Cáritas o la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM).

Lentos trámites

No obstante, la recepción de las ayudas no es inmediata y puede demorarse incluso un año. Mucho más largo es el tiempo que ha transcurrido en algunos procedimientos anteriores a 1995, en los que sigue heredando el Estado.

Desde el departamento de Economía destacan que, a pesar del tiempo transcurrido, la complejidad de algunos legados hereditarios hace que aún puedan estarse tramitando expedientes anteriores al 11 de abril de 1995, aunque estos ya se rigen por la legislación estatal, diferente de la de Aragón.

Y es que las peculiaridades de la norma aragonesa se deben a que solo puede heredar el gobierno autónomo en las comunidades que tienen independencia en Derecho Civil. Es decir, en las forales como Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, Baleares y Galicia.